La (in)justicia en México ◘ A ritmo de mariachi

Esta es una brevísima reseña de los males mayores
que padece el sistema judicial mexicano, no es
exhaustivo ni especializado, solamente
ilustrativo del enorme desafío
que enfrenta la sociedad.

Por Habib Succar G.
  • Vistazos al México de hoy

El Poder Judicial en México, es una de las instituciones más corruptas, visto como un todo. El “sistema de justicia” que más parece de injusticia, es un dolor de cabeza para cualquier gobernante que quiera gobernar el país, porque se impone reformar esa institución que, parafraseando a AMLO, no solo es un elefante reumático sino canceroso y, como dice el presidente “la paz es producto de la justicia” y sino hay justicia…, ¡no habrá paz!

En México suceden cotidianamente, todavía hoy, cientos de injusticias que a ojos de un costarricense causan asombro, consternación e incredulidad.

Para citar solo un dato: existen cientos de personas privadas de libertad bajo régimen carcelario, con medida cautelar de prisión preventiva, que acumulan 10, 12, 15 y hasta 18 años en prisión (sin juicio ni sentencia, obvio) mientras que es universalmente aceptado que la prisión preventiva es una medida temporal que no debería exceder, como norma, un plazo de dos años, a lo sumo.

Recordemos que el sistema judicial mexicano se maneja en los niveles federal y estatal y, por tanto, hay juzgados y tribunales que velan por asuntos del fuero federal y otros del fuero estatal. Pero es común para ambos niveles una sensación de injusticia entre la población que, cuando se le consulta, manifiesta una profunda desconfianza en el sistema judicial a ambos niveles y manifiestan que la impunidad y la injusticia son la norma.

Uno de los aspectos más notables de la podredumbre del sistema, consiste en la venalidad de los procesos y sentencias. Es decir, la cárcel es para los pobres, porque no tienen cómo pagar costosos procesos judiciales, mientras que la impunidad es para los pudientes, los que pueden pagar jueces y hasta magistrados para obtener sentencias “a modo” (a conveniencia). Es decir, si tenés dinero, ello te garantiza la impunidad ante cualquier falta, contravención o delito y al contrario, si eres pobre y peor aún, indígena, fácilmente sos víctima de acusaciones falsas o de sentencias injustas mediante procesos amañados en donde la ley es letra muerta.

Otro aspecto muy recurrente en la cotidianidad judicial mexicana, es la corrupción desvergonzada en las fiscalías estatales, básicamente, porque a nivel federal, al inicio del gobierno de AMLO se dictó una reforma profunda a la ley y la antigua y muy corrupta Procuraduría General de la República (PGR), dependiente de los dictados del presidente de la República, fue transformada en un organismo autónomo, incluso de la Suprema Corte, y se convirtió en la actual Fiscalía General de la República, a la que tirios y troyanos acusan de una lentitud exasperante y omisiones notables en algunos procesos de mucha repercusión pública. Un solo ejemplo: se acaba de destapar el gigantesco escándalo de los programas de cómputo espías que se adquirieron en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Esa labor de espionaje mediante diferentes programas, uno de los más conocidos Pegasus, se realizó incluso hasta noviembre de 2018, cuando ya AMLO era presidente electo desde julio de 2018. Ha trascendido que políticos, periodistas, empresarios y todo tipo de personajes estaban siendo espiados por el gobierno federal (más de 15.000 teléfonos intervenidos) y algunos gobiernos estatales (AMLO y su familia eran blanco favorito de espías federales y estatales). No obstante, la Fiscalía a la fecha y desde 2018, cuando se presentó una denuncia por este tipo de espionaje, no ha hecho absolutamente nada, ni siquiera ha solicitado la presentación de los teléfonos celulares que pudieron ser objeto de espionaje, a sabiendas de que son equipos de obsolescencia programada de 2 años, como norma.

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Así las cosas, es muy frecuente también que las fiscalías estatales realicen la “fabricación de delitos” como arma política o simplemente como medio para enriquecerse y despojar a cualquier persona de sus bienes y haciendas, mediante procesos amañados y sentencias compradas. Eso es exactamente lo que se ha denunciado contra una fiscalía estatal en particular, pero que se sabe que es práctica común en otros estados (estados que son llamados en México “entidades federativas”).

La colusión entre bandas del crimen organizado y las fiscalías estatales, policías estatales y desde luego, gobernadores estatales, es moneda corriente. Baste decir que, desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988 ̶ 1994) se inició el contubernio con el crimen organizado, especialmente los cárteles de la droga, cuando México pasó a ocupar el primer lugar del narcotráfico internacional y Colombia pasó a segundo lugar. Que los narcos compraran protección del Estado fue una práctica iniciada en este gobierno y que alcanzó niveles de narco ̶ gobierno en los sexenios de Vicente Fox (2000 ̶ 2006), Felipe Calderón (2006 ̶ 2012) y Enrique Peña Nieto (2012 ̶ 2018).

Por ejemplo. Hoy se sabe que el famoso Chapo Guzmán (preso en EUA y con cadena perpetua), pagó muchos millones de dólares al gobierno de Fox y luego al de Calderón, para “fugarse” de la cárcel, en dos ocasiones en que estuvo preso. Se sabe también que el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna (hoy preso en Nueva York esperando juicio y posible cadena perpetua) estaba en la nómina de “empleados” del Cartel de Sinaloa y por supuesto su jefe, el presidente, también. Y así, muchísimos casos más de personajes que hoy están muertos, encarcelados, en fuga o impunes. Recordemos el reciente caso del general (R) Salvador Cienfuegos, que fue apresado en EUA y “devuelto a México” dos meses después a pedido de AMLO, donde la Fiscalía federal lo exoneró de toda culpa y pena, pero del que nadie tiene duda de que estaba preso con razones de sobra, según agencias de EUA y lo que ahora se está conociendo en México también; obviamente debió existir una fuertísima presión de la cúpula militar sobre AMLO para que pidiera la extradición a México del general Cienfuegos y ese enorme favor, con lealtad se paga.

Es fácil suponer y entender que si los más altos cargos de la política mexicana, sean el presidente y sus secretarios de Estado y generales del Ejército, se coludían con el narco, a niveles inferiores esas prácticas se iban a generalizar también. Si el poder político se coludía con el crimen organizado (no solo de narcotraficantes, recordemos también el huachicol o venta ilegal de petróleo y derivados, el tráfico de armas, el tráfico de personas, etc.) no debe extrañar entonces que el poder político y económico se pudiera y se pueda coludir con los jueces y magistrados para obtener impunidad y procesos y sentencias amañadas.

Reclusorio mexicano

Una práctica horrenda pero muy común en los procesos judiciales es la tortura. No se sabe cuántas personas están presas injustamente por haberse declarado culpables, firmando confesiones bajo presión de tortura de todo tipo y, desde luego, la violación sexual de mujeres y hasta hombres, es práctica común de los diferentes cuerpos policiales y de las fiscalías estatales y federales. Hay una enorme cantidad de presos a quienes se les ha practicado el Protocolo de Estambul, mediante el cual se verifica que una persona fue torturada, y aún así los jueces se muestran insensibles e inertes ante estos “procedimientos” judiciales prohibidos pero usuales.

En estas semanas ha estado en la palestra “el caso Wallace”, protagonizado por la señora Isabel Miranda Torres de Wallace. Alrededor de ella se ha puesto de manifiesto cómo una persona, ella, acumuló tanto poder que podía movilizar la Policía y los jueces a su antojo y obtener sentencias a gusto y meter a la cárcel durante 12 y 15 años a supuestos delincuentes (se presumen inocentes) y todo bajo la más ofensiva impunidad del proceder ilícito de fiscales, policías y jueces, bajo el mando del poder político de ella, favorecida por los expresidentes Calderón y Peña Nieto.

Casos de mujeres indígenas acusadas de delitos que no cometieron, que en sus procesos no tuvieron defensores públicos, que ni siquiera hablan español y no tuvieron traductores y fueron injustamente condenadas, se conocen en algunos estados. Igualmente se ha hecho con mujeres lideresas de luchas sociales, comunales, ejidales que han apresado y condenado mediante procesos y sentencias espurias.

Al revés, mujeres víctimas de violación sexual y otros vejámenes, se rinden impotentes ante la impunidad que fiscalías y jueces le otorgan a presuntos violadores y abusadores, que pueden pagar lo suficiente para que nunca se les brinde justicia a esas víctimas. La cantidad de feminicidios que no se resuelven es gigantesca. La cantidad de condenas que se obtienen por acusaciones de violaciones o feminicidios es ridícula, ofensiva.

Que algunos delincuentes famosos, líderes de cárteles de la droga, del huachicol o de otros delitos, caigan presos y resulten liberados en pocas horas o días, es cosa frecuente, porque los jueces reciben para ello pagos millonarios, como se ha podido conocer en algunos casos paradigmáticos.

Si todas estas actuaciones se suceden cotidianamente en los estados y a nivel federal, no es de extrañar pues que al más alto nivel, en la Suprema Corte, sucedan cosas parecidas y hasta peores, porque hay todavía una importante cantidad de magistrados y ministros de la Corte (designados por el Poder Ejecutivo), que responden a viejos nombramientos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El actual presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, ha reconocido públicamente los enormes problemas de corrupción del Poder Judicial y ha emprendido, con una nueva ley recién promulgada, una agotadora y desafiante labor de limpieza del aparato judicial, que no podrá concluir en los escasos dos años que le restan de nombramiento, pero al menos habrá iniciado el proceso. Además, el hecho de que se inicien políticas que logren adecentar la impartición de justicia, hace cada vez más riesgosa la comisión de delitos en los procedimientos y sentencias amañadas. Es un proceso lento pero no imposible.

Arturo Zaldívar

Mención fugaz y aparte merece la justicia electoral. Existe el corrupto Instituto Nacional Electoral (INE), que ha permitido los fraudes electorales más descarados desde el 2006 al 2018 y que en las pasadas elecciones de medio periodo del 6 de junio pasado, se comportó como un partido opositor al gobierno de AMLO. Sus cuestionadas, por decir lo menos, decisiones electorales responden a los dictados de los partidos de oposición, las apelaciones, suben a un corrupto Tribunal Electoral de la Federación que ha estado en la picota en las últimas semanas, protagonizando escándalos a su interior que han sido la vergüenza nacional. Se habla de una profunda reforma electoral, pero requiere mayoría calificada del Congreso y el Senado, veremos si se logra.

Hay muchos casos muy sonados e inverosímiles que han trascendido a la prensa y se volvieron escándalos en su momento. El más paradigmático es el de “Los 43 de Ayotzinapa”, pero no es el único, hay muchos más que denotan masacres perpetradas por el poder y que gozan de impunidad total. El gobierno de AMLO se comprometió a resolver y traer justicia a los familiares de “Los 43” y lo ha venido logrando, lentamente, pero hay voluntad política para resolver el caso y llevar a los responsables de la masacre ante los tribunales.

El panorama es asombroso y desolador, aunque hay, como dijimos, una luz de esperanza con las nuevas políticas impulsadas por el presidente de la Suprema Corte, Zaldívar. Pero también AMLO acaba de realizar un acto de justicia por el cual, cientos o quizás miles de personas están gozando en estos días de un respiro en sus vidas, pues se acaba de promulgar un decreto presidencial, que otorga la libertad a todas aquellas personas encarceladas y que han sido torturadas, a las mayores de 65 años que tengan problemas serios de salud y que no cometieron delitos graves, a los que tienen prisión preventiva sin juicio ni sentencia por más de 10 años, etc. Así, en estos días salieron libres dos periodistas que estuvieron presos 17 y 18 años, respectivamente, porque fueron encarcelados, torturados y condenados por los reportajes que hacían denunciando la delincuencia organizada.

La tarea es titánica y los recursos, pocos. Pero ya inició la transformación del Poder Judicial y ha de avanzar hasta el final del actual gobierno y es de esperar que, si MORENA repite en el Poder Ejecutivo, el proceso continuará más allá de 2024.

¡Hasta la próxima!

25 de agosto.

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