Jueza deja claro que solo la Comisión de Vacunación puede eliminar la obligatoriedad

El prevaricato consiste en un delito que tiene penas entre 2 y 6 años de prisión “al funcionario judicial o administrativo que dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos”.

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¿Cometió prevaricato el presidente Rodrigo Chaves al emitir un decreto para eliminar obligatoriedad de la vacunación pasando por encima de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología? Esa sería la razón de fondo por la que los decretos, en especial el de la vacunación obligatoria, no han sido dados a conocer.

La jueza Rosaura Chinchilla Calderón explicó que ese órgano es el único legal y constitucionalmente que puede decidir la eliminación de la obligatoriedad para la vacunación.

La especialista de derecho, dio a conocer que la Ley Nacional de Vacunación en su artículo 3 establece que “las vacunas son obligatorias cuando esa comisión lo determine. Ese es el único órgano legal/constitucional para adoptar tal decisión”, según sus propias palabras.

Esta comisión es un órgano con desconcentración máxima y personalidad jurídica instrumental que le permite tomar su decisiones técnicas sin influencia de las posiciones políticas.

La entidad está conformada por 7 representantes de diversas instituciones de salud, no es un órgano político, sino científico y técnico que tiene personas muy serias y conocedoras del tema.

Según la ley, está integrada por: a) El Ministro de Salud o su representante, quien la presidirá; b) El Jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, del Ministerio de Salud; c) Un representante de la Asociación Costarricense de Pediatría; d) Un representante del Departamento de Salud del Niño y el Adolescente, de la Caja Costarricense de Seguro Social; e) Un representante del Departamento de Infectología, de la Caja Costarricense de Seguro Social; f) Un representante del Hospital Nacional de Niños y g) Un representante de Farmacoterapia, de la Caja Costarricense de Seguro Social.

El prevaricato consiste en un delito que tiene penas entre 2 y 6 años de prisión “al funcionario judicial o administrativo que dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos”.

Aquí la interpretación de la jueza Chinchilla, quien es jueza en materia penal desde 1992, especialista en temas de derecho penal y constitucional, así como derechos humanos, y profesora de la Universidad de Costa Rica:

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