Decenas de indígenas de Curré ocupan finca de ganadero

Geovanny Jiménez S. Con el aval de la Asociación de Desarrollo Integral de Rey Curré, un grupo de habitantes indígenas de esa comunidad caminó con pancartas por la carretera Interamericana Sur hasta llegar a la finca, que ocuparon de inmediato y empezaron a construir ranchos provisionales.

Según informó el líder comunal, Uriel Rojas, “en estas tierras se encuentran las principales fuentes de agua que alimentan la población, lo cual es considerado de importancia para esta comunidad y dicho procedimiento forma parte de un proceso de recuperación de sus tierras ancestrales debidamente autorizado por la Asamblea General desde el pasado 19 de mayo de 2018″ (ver imágenes de Uriel Rojas).

Según Rojas, la finca pertenece a un terrateniente no indígena de nombre Dimas Jiménez, quien no vive en la finca y solamente usa esas tierras ocasionalmente para ganadería.

La ADI de Curré comunicó que ““como gobierno local y en el ejercicio de sus facultades proceden a la recuperación de la finca, en defensa de su territorio, la reivindicación de derechos consuetudinarios ancestrales consagrados en el Convenio 169 de la OIT, la Ley Indígena y el principio de autodeterminación de los pueblos indígenas”.

La finca se encuentra 4 km al oeste de la comunidad y según la ADI las tierras son apropiadas “para uso de la colectividad en la búsqueda de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad”.

Los pobladores de Rey Curré son de origen boruca o brunca y, en conjunto con la comunidad homónima de Boruca, representan lo que queda de la cultura ancestral brunca en la Zona Sur de Costa Rica.

La oposición no se hace esperar

“Eso es usurpación y es un delito”, expresan pobladores de comunidades aledañas. Finqueros y propietarios de tierras en los linderos de los territorios protegidos ven en estas cruzadas una amenaza para sus mismas propiedades.

El reclamo lo plantea don Rafael Zúñiga de esta manera: “Después de vender sus tierras quieren recuperarlas a la fuerza .. esta población de indígenas debe ponérsele un alto, a toda esta altanería de robar las tierras cultivadas”.

Sin embargo, en un comunicado oficial el movimiento recuperador afirma que el 90% de esas tierras “se encuentran moribundas a causa de la deforestación sometida para atender actividades propias de la expansión ganadera. El 10% restante se ha conservado por ser las zonas donde están las nacientes en protección (por la ADI local) que alimenta el acueducto de Rey Curré”.

Por supuesto, desde otros poblados también llega el apoyo a la lucha: “Desde la indómita y siempre rebelde Talamanca admiro esta lucha que recién inician”, en palabras de Oscar Almengor.

Según la comunidad en el sitio “se encuentran varios sitios de interés cultural que han sido soportes de la identidad colectiva a lo largo de los años y se asocian a elementos como su toponimia, costumbres culturales, sitios arqueológicos y otros componentes de la oralidad ancestral”. Por eso, para ellos, recuperar esas tierras es también recuperar su memoria histórica.

El conflicto lleva décadas ya sin intervención exitosa de ningún gobierno. En años pasados las agresiones a indígenas que habitan tierras que ellos denominan “recuperadas”, han sido habituales en territorios protegidos como Salitre, Ujarrás y Cabagra de cultura bribri y cabécar, en el poblado teribe de Térraba y en los territorios bruncas de Curré y Boruca, todos del cantón de Buenos Aires.

El problema es muy complejo y tiene dos versiones

Los pobladores originarios reclaman diferentes situaciones: 1) venta de fincas ante engaños o precios ridículos bajo engaño; 2) violación de territorios protegidos según la Ley y que no permiten traspasos ni catastro de propiedades por pertenecer a esos espacios intransferibles, y 3) el derecho ancestral que les asiste por ser los pobladores originarios de esas tierras que les fueron saqueadas.

Los finqueros, por su parte, reclaman evidentemente su derecho de propiedad con escritura en mano en algunos casos, pero también el hecho de que muchos de esos terrenos fueron cultivados y mejorados mientras estuvieron en sus manos, mientras antes eran territorios abandonados. Y que ellos actuaron de buena fe con la contraparte.

La dinámica es cíclica: un grupo de indígenas invade los terrenos y los dueños los agreden de diferentes formas. La policía usualmente interviene para evitar más violencia, pero el Estado ha demostrado ser inútil para resolver el problema. Es más, no ha tenido un interés real por hacerlo.

En algunos conflictos por apropiación de tierras, también denominado precarismo, como la situación de Chánguena y en zonas cercanas (en el Valle del Diquis), el Gobierno ha intervenido con éxito relativo.

En este caso anterior, por ejemplo, el Gobierno de Luis Guillermo Solís logró calmar las aguas y evitar un cierre del puente entre Palmar Sur y Palmar Norte, aportando dinero para alquileres y creando un programa para dar tierras propias a los campesinos -indígenas y no indígenas- que fueron expulsados de esos terrenos.

Sin embargo, el problema de fondo continúa y en ninguna legislatura la Asamblea Legislativa ha tenido la voluntad necesaria para actuar, mientras los Gobiernos de turno hacen agua para mantener la paz social, pero usualmente con intermediarios o autoridades que desconocen el fondo del asunto. o no tienen voluntad política para actuar.

Un nuevo vector de conflicto social se le acaba de abrir al Gobierno de Carlos Alvarado Quesada, su primera prueba de fuego en el tema del manejo agrario y rural costarricense, concretamente con la particular y compleja problemática indígena.

En el fondo está el problema de la pobreza, preocupación principal de Alvarado Quesada.

Imágenes: Uriel Rojas R.

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