Impuesto del 0.3% a transferencias financiaría la CCSS ante rebaja en cargas sociales del 26.5% al 21.5%

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Según el Ejecutivo una empresa mediana de 50 trabajadores estaría ahorrando anualmente unos ¢10.5 millones con la rebaja en las cargas sociales por los empleados con que cuentan. Con ese dinero, calculan, se podrían contratar dos nuevos empleados.

La idea del Gobierno es incentivar a las pequeñas y medianas empresas, así como las más grandes, para que contraten más o personal o no se deshagan del que tienen en la formalidad.

Esta rebaja en beneficio de las empresas será financiada por la recaudación del impuesto temporal de 0,3% que se propone a las transacciones bancarias en el país.

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Según datos del Instituto Nacional de Censos y Estadísticas (INEC), el desempleo en Costa Rica alcanza los 557.000 personas, una cifra que anda por el 25% de la población.

Según el Gobierno, “esta medida permitiría a las empresas contar con mayor liquidez para generar nuevos puestos de trabajo, hacer frente a deudas, mejorar su equipamiento o mejorar los niveles de formalidad, entre otras opciones.”

No obstante, los opositores a esta medida arguyen que este subsidio a las empresas no necesariamente estimula o logra generar empleo, porque las empresas producirán empleo cuando haya más consumo y más necesidad de contratar personal. En consecuencia, ese dinero es previsible que vaya a las reservas bancarias de esas empresas para responder una situación peor a futuro, o bien, para ampliar las ganancias.

Según los detractores, esta medida le quita dinero a las personas y empresas que trabajan con transacciones bancarias todos los días en los nuevos esquemas de comercio electrónico para enriquecer las arcas de todas las empresas, sin garantía alguna de que eso realmente genere empleo. Más bien se sospecha que más cargas a las transacciones bancarias desestimula el consumo que reactivaría la economía.


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