Proyecto para hidrógeno verde tiene roces de constitucionalidad; Gobierno sin interés de apoyarlo
El presidente Chaves dijo que el proyecto para impulsar el hidrógeno verde no es de su interés ni prioridad.
El proyecto “Ley para la promoción e implementación de una economía de hidrógeno verde en Costa Rica “, que se tramita en el expediente legislativo número 22.392, presentó roces de constitucionalidad que podrían ser subsanables.
Sin embargo, el presidente Rodrigo Chaves, así como su ministro del Minae, Franz Tattenbach, dijeron hoy en conferencia de prensa que ese proyecto no es de interés para la agenda legislativa del Gobierno.
Dijo que apoyan la producción del hidrógeno verde en Costa Rica, pero que no con las condiciones particulares que establece el expediente 22.392, tramitado por el Gobierno anterior y la anterior legislatura. “Si quieren venir a producir hidrógeno verde pueden hacerlo en el régimen de zonas francas y con las condiciones legales que ya tenemos”, dijo el mandatario.
Chaves y Tattenbach defendieron que con las nuevas regulaciones impulsadas para el Instituto Costarricense de Electricidad se crean condiciones para que haya una producción de hidrógeno verde, pero que el proyecto impulsado por el Gobierno anterior no es de su interés ni prioridad, como sí lo es Ciudad Gobierno.
El diputado Jorge Dengo Rosabal, del Partido Liberal Progresista, declaró que estaba complacido con el dictamen de la Sala, por cuanto ellos ya había realizado la consulta al detectar que “algunos artículos de este proyecto tenían roces de constitucionalidad importantes, ahora esperamos que la iniciativa regrese a la Asamblea Legislativa para poder hacerle las correcciones correspondientes”.
En efecto, el proyecto seguirá su curso legislativo y, aunque al Ejecutivo no le interese, podría ser aprobado si las demás fracciones así lo consideran necesario.
Sala IV sobre hidrógeno verde
La Sala Constitucional analizó las objeciones de fondo consultadas en forma puntual referidas al proyecto de ley.
“Por mayoría, se evacua la consulta en el sentido de que el proyecto de ley, en su totalidad, no violenta el principio de razonabilidad técnica, por la ausencia de estudios técnicos que determinen su necesidad, viabilidad y aplicación”, informó en resumen la Sala Constitucional hoy.
Sobre ese aspecto, como parece ser usual en la mayoría de sentencias de este tribunal, se informó que la magistrada Garro Vargas “salva el voto y evacua la consulta en el sentido de que el proyecto de ley en su totalidad lesiona el principio de razonabilidad técnica, por la ausencia de estudios técnicos que determinen su necesidad, viabilidad y aplicación”.
Además, por unanimidad, “se evacua la consulta en el sentido de que los artículos 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del proyecto de ley, no lesionan los principios de seguridad y certeza jurídica, claridad y con confusión normativa, así como razonabilidad técnica y equilibrio fiscal”.
También por unanimidad, “se evacua la consulta en el sentido de que el artículo 18 del proyecto de ley ‘Ley para la promoción e implementación de una economía de hidrógeno verde en Costa Rica’, es contrario al numeral 50 de la Constitución Política en tanto dispone que ‘el trámite a seguir será el que dictamine el jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae)’ y que ‘la evaluación de impacto ambiental o el permiso que requiera el proyecto deberá ser resuelto en un máximo de sesenta días naturales'”.
Finalmente, también por unanimidad, “se evacua la consulta en el sentido de que los artículos 3 y 24 del proyecto de ley son contrarios al artículo 45 de la Constitución Política, en cuanto al derecho de propiedad privada y el principio de intangibilidad del patrimonio privado”.
En cuanto a los demás extremos consultados del proyecto de ley la Sala dictó que no existen vicios de constitucionalidad por el fondo.
Un proyecto del Gobierno anterior
El proyecto fue impulsado en alineación con la política ambiental de Costa Rica y el Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050 de la administración Alvarado y busca convertir a Costa Rica en un líder en este tipo de producción.
El proceso ya estaba en camino con “la aprobación de la Política para el aprovechamiento de los excedentes del Sistema Eléctrico Nacional, la construcción conjunta de la Estrategia Nacional de Hidrógeno y la reciente habilitación al ICE por parte de ARESEP de la tarifa de Usuarios Directos (T-UD) para las empresas que eventualmente inicien la producción comercial de hidrógeno con electricidad nacional”, según informó Presidencia en 2021.
Desde este momento el país hace un llamado a inversionistas para ingresar en esta incipiente industria, donde el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) será el ente técnico, “que realimentará a los interesados sobre las condiciones y administración del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)”, según se informó.
Irene Cañas, presidenta ejecutiva del ICE en ese año, manifestó que “el Instituto dialogará, en calidad de ente técnico, con todas las empresas interesadas en la producción comercial del hidrógeno verde. Somos un aliado del Poder Ejecutivo y ayudaremos a crear condiciones para la instalación de estas empresas en el país”. Sin embargo, con el nuevo jerarca eso dejó ya no se continuará.
El Gobierno Alvarado Quesada informó entonces que ya existen acercamientos desde las embajadas con inversionistas que quieren aprovechar también la marca país y las condiciones favorables que existen. La entonces primera dama Claudia Dobles, habló de 3 empresas interesadas en invertir en esta industria y generar cientos de nuevos empleos.
Finalmente, se informó que las tarifas eléctricas para la producción de hidrógeno estarán disponibles a partir del 01 de abril de 2022, las cuales corresponden a la etapa del servicio de generación sin incluir el costo de la transmisión de alta tensión. Esta tarifa dispone de precios de 3.9 ¢/US$ para periodo nocturno y de 5,5 ¢/US$ para periodo punta por cada KWh de energía consumida.
