El Ministerio de Hacienda planteó una denuncia penal contra ignorado por los ataques cibernéticos que sufrieron sus sistemas de bases de datos de los contribuyentes.
La denuncia se plantea porque la normativa vigente así lo exige: “todo servidor público de seguir el mandato de denunciar todas las conductas presuntamente delictivas que sean de su conocimiento en razón de su función”, expresa la denuncia.
La denuncia penal se realiza porque “en apariencia se configura un delito, razón por la cual se remiten la denuncia respectiva, a efecto de que se ejerzan las medidas correspondientes”.
La información sobre los contribuyentes de Costa Rica habría sido extraída ilegalmente por un grupo de piratas cibernéticos denominado Conti, quienes pidieron 10 millones de dólares a cambio de la información y el resguardo de esa información.
Las penas en Costa Rica para estos delitos informáticos rondan entre los 3 y 5 años de prisión, en el caso del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Y en el caso de la Ley General de Aduanas la pena ronda entre 1 y 3 años de prisión, una normativa muy laxa para las consecuencias que pueden generar estos delitos informáticos.
Sin embargo, aplicarían otros delitos más graves como extorsión en caso de ser comprobados y los responsables detenidos.
Hoy también se informó que la página web de recursos humanos de la CCSS sufrió ataques cibernéticos, pero se desconoce si algunas información fue extraída.
El grupo de ciberdelincuentes amenazó con seguir atacando ministerios e instituciones del estado costarricense si no recibían el pago por su extorsión. El Gobierno formó un “equipo de situación” con el que avanza en medidas de blindaje y protección de todos los sistemas del estado, principalmente los que tienen datos sensibles de las personas y empresas.