Gustavo Viales, alcaldes del sur y otros deberán comparecer en comisión sobre supuesto narco-sur

Emilia Navas, fiscala general, Marta Acosta, contralora general y los magistrados presidentes del TSE y la Corte Suprema de Justicia también deberán aportar explicaciones.

El diputado de Liberación Nacional (PLN) Gustavo Viales deberá rendir explicaciones en la Comisión Especial que investiga su presunto vínculo con estructuras de narcotráfico en la Zona Sur del país.

Además de Viales, deberá comparecer su padre, Carlos Viales (alcalde de Corredores), Emilia Navas (fiscal general de la República), Marta Acosta (Contralora General de la Republica), Luis Antonio Sobrado (Presidente TSE) y  Fernando Cruz (Presidente de la Corte Suprema de Justicia).

Del mismo modo, irán ante ante la comisión, Ronald Chacón Badilla (Jefe Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE), Ileana Mora (Fiscal Adjunta contra Narcotráfico) y Wagner Molina (Fiscal Adjunto contra Lavado de dinero), junto con funcionarios del Instituto Costarricense contra las Drogas-ICD y los alcaldes de Osa, Buenos Aires, Golfito, Coto Brus y Corredores.

La moción fue presentada por el oficialista Luis Ramón Carranza (PAC) y fue aprobada por unanimidad.

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Viales ha sostenido que ni él ni su familia tienen relación con una estructura criminal que fue capturada en el cantón de Corredores.

‘Ni yo, ni ningún miembro de mi familia tiene ningún vínculo con el crimen organizado. De todo do esto puede dar fe la comunidad’, afirmó

El centro de esta historia, que empieza a nublar el panorama del verdiblanco, inició en el cantón sureño de Corredores, en donde se vinculó en abril anterior a Carlos Viales (alcalde) con una banda que presuntamente traficaba cocaína.

A lo anterior, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a Bernabé Chavarría, actual presidente del Consejo Municipal y militante del Partido Liberación Nacional (PLN) por tener supuesta relación con el presunto líder narco Darwin González, sospechoso de liderar el grupo y del cual, la Policía Judicial afirma que traficó una tonelada de cocaína cada dos meses.

En el caso del legislador, se le señala por recoger una documentación a una casa vinculada a presunto.

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