Gobierno adjudicaría tobilleras descartadas en el pasado y de fácil vulneración, dice ESPH
La Empresa de Servicios Público de Heredia (ESPH) comunicó hoy que el Gobierno adjudicó tobilleras descartadas en el pasado por son fácilmente vulnerables por parte de los privados de libertad.
La adjudicación que informó ayer el presidente Rodrigo Chaves, dada a un consorcio formado por RACSA y socios brasileños, “genera serias y fundadas dudas en
la estabilidad, correcto funcionamiento y evolución de este proyecto país”, informó la ESPH.
¿Tobilleras descartadas en el pasado?
La acusación es muy seria, porque indica que “implementaría tecnología que en el pasado fue descartada por el mismo Ministerio de Justicia y Paz, por su fácil vulneración por parte de la población monitoreada y graves falencias tecnológicas”.
Los datos que aporta esta institución son preocupantes: “En tan sólo seis meses que el país mantuvo la tecnología brasileña, se registraron 523 casos de daños al dispositivo, lo que equivale a 87 casos por mes”, informaron. Según esta empresa, los datos del Ministerio de Justicia y Paz comprueban que “en promedio el Ministerio atendía 3 casos de fallas provocadas por vandalismo por día”.
“En el periodo de uso, fue evidente que el funcionamiento de estos dispositivos no cumplió con las características que decía la prosa técnica y fue más que evidente que no sirvió para garantizar el cumplimiento de las medidas que los jueces asignaban a las personas privadas de libertad”, indicó Johann Montero, Director de Ibux, empresa aliada a ESPH.
Según un informe del ministerio encargado, se solicitaba “un dispositivo que ofrezca más y mejores condiciones de resistencia, mejor comunicación entre operadoras, un mecanismo de apertura más resistente, con soporte a fuerzas superiores a 120Kgs, el cual no pueda cortarse con tijeras o cuchillo convencional y de ocurrir el desprendimiento del cuerpo de la persona monitoreada la robustez del dispositivo permita poder analizar si es debido a un mal uso intencional del beneficiario(…)”.
De acuerdo con el detalle de la ESPH, Ibux implementó la tecnología Geosatis por 17 meses que redujo a una cuarta parte los daños a las tobilleras (18.5 casos por mes). Actualmente se utilizan los dispositivos Buddy que mantienen esa proporción (23.11 casos por mes).
Reacción del Gobierno
El Gobierno reaccionó por la tarde diciendo que “la información divulgada por la ESPH es temeraria, falsa y malintencionada. El comunicado pretende generar confusión de forma maliciosa”.
Según el Gobierno “la tecnología a la que se refiere el comunicado de la ESPH no corresponde a la que contrató el Ministerio. Por lo contrario, la contratación cumple con los más altos estándares de calidad y seguridad a nivel mundial, tales como ISO 9001, Índice de Nivel de Protección, IP68 y la correspondiente Certificación de Homologación de la Sutel, otorgada desde el año 2021″.
El presidente Chaves Robles presumió ayer en conferencia de prensa que ahorrarán al país con esta adjudicación una suma cercana a los $6 por cada caso al usar RACSA con tobilleras brasileñas. Hizo varios cálculos confusos en la conferencia, pero luego mediante un comunicado se informó que el ahorro sería de “$219.225 al mes durante el plazo de la contratación de urgencia por mínimo de seis meses que en total llegaría a $1.314.000 aproximadamente”. Chaves resaltó que el anterior contratista cobraba más del doble.
Ahora comunica Presidencia que la eventual adjudicación “se encuentra en análisis por parte de la Contraloría General de la República, por lo que respetuosos del debido proceso estamos a la espera de lo que resuelva la Contraloría en atención al interés público”.
Casa Presidencial defendió que lo contratado por el Gobierno el día de ayer, “específicamente por el Ministerio de Justicia y Paz, es una contratación de urgencia, que está regulada en los artículos 66 de la Ley General de Contratación Pública y el 166 de su reglamento, amparada por el principio de legalidad”.
También detalló que “la empresa ESPH tuvo la oportunidad y prioridad en la negociación con el Ministerio de Justicia y Paz, pero demandó condiciones que violan la ética de este Gobierno. Cobró un precio inaceptable sobre la contratación vigente y exigió un contrato de confidencialidad para evitar que el público tuviese acceso a la información sobre la contratación”.
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