8 de febrero de 2023

Estado de la Nación denuncia que Gobierno tergiversa informe 2017 para justificar proyecto FEES

Gobierno tergiversa y saca de contexto citas del informe Estado de la Educación de 2017, según investigadores del PEN.

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Jorge Vargas Cullel, director del Programa Estado de la Nación (PEN), e Isabel Román, coordinadora de el informe anual que presenta esa institución, y Marcela Román, investigadora asociada, denunciaron ante el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) que el Gobierno tergiversa y saca de contexto información del reporte Estado de la Educación del año 2017.

Gobierno tergiversa y saca de contexto

Según el reporte del PEN ante CONARE, en la exposición de motivos de la Ley Reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) (expediente 23.380), el Ejecutivo busca justificar esa ley con citas del informe 2017, pero las saca de contexto y las tergiversa.

Según Vargas y Román, “no hay correspondencia entre lo que se cita del Estado de la Educación y lo que se propone” en la propuesta de ley que el Gobierno impulsa en el Congreso y es conocida como “Proyecto de FEES”.

Según el Estado de la Nación, en la justificación del proyecto de ley se dice que el Estado costarricense de fortalecer “sus potestades reguladoras sobre la educación superior estatal y “dimensionar la autonomía de las universidades”. Pero el PEN rechaza que en el informe se proponga “que el Estado deba fortalecer la regulación sobre las universidades públicas”, explicaron en la nota al CONARE.

La cita que usó el Gobierno en el proyecto de ley está incompleta y “oculta la caracterización de las debilidades reguladoras del Estado que se analizan y las implicaciones de política pública que exponen” según el informe 2017.

Por otro lado, los jerarcas del PEN encontraron que el proyecto usa el informe para establecer un porcentaje fijo para becas y regionalización, pero según los datos universitarios indican que la matrícula en sedes regionales sube cada año y que las becas se mantienen y crecen para los estudiante con menores recursos.

Según los investigadores del PEN, se da “un claro uso selectivo y distorsionado de las citar” para justificar el proyecto. Ponen como ejemplo una cita sustraída de la página 243 del informe 2017, donde quienes construyeron el proyecto omitieron dos párrafos, uno intermedio y otro al final del texto citado.

El PEN insiste que en ningún lugar propone fortalecer la regulación de las universidades y que se omiten las deficiencias del estado en ese camino, además de que “la forma de recortar la cita (pág. 243) omite el reiterado llamado de los Informes Estado de la Educación a resolver en el sector privado la cultura de opacidad sobre su quehacer”.

Se omitió el párrafo final de esa página, donde dice que “establecer metas nacionales en el ámbito de la educación superior puede ser el acicate para promover su funcionamiento como sistema y dinamizar un esfuerzo de coordinación que hasta luce inercial e insuficiente”.

“La debilidad del estado para definir prioridades de mediano y largo plazo no se resuelve quitándole a las universidades la autonomía que les brinda la Constitución”, agregan los funcionarios del PEN.

El Gobierno de Rodrigo Chaves pretende con ese proyecto cambiar la distribución del fondo del FEES para que sea administrado por el Banco Central y mediante un Consejo de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal, integrado por CONARE, el MEP, Hacienda, Planificación y MICITT.

Además establece que la Contraloría se encargue de fiscalizar el manejo presupuestario, pero como explicaron los investigadores del Estado de la Nación, la Contraloría ya realiza ese trabajo en las universidades.

Las universidades han rechazado de manera tajante este proyecto de ley y lo consideran un desmantelamiento de la educación pública universitaria para abrir más el mercado a las universidades privadas.

Proyecto ruinoso para las universidades públicas

Según las universidades públicas, la regulación de los fondos universitarios por parte de los gobiernos de turno, permitirá el condicionamiento de los recursos según los intereses ideológicos y políticos de cada administración, lo que consideran un “ataque al corazón mismo de la autonomía universitaria”.

Según las autoridades de la UCR, en particular, se trata de “un juego jurídico que quiere, con pretexto fiscal, asaltar el fondo y la naturaleza de los pilares de la sociedad costarricense”.

Este proyecto interpuesto por el Gobierno “entrega las universidades públicas a cuatro ministerios del Poder Ejecutivo”, según el Rector de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Gutiérrez Espeleta.

Además de desmantelar universidades públicas, “entendemos el intento violento de privatización de las instituciones públicas” señaló Marisol Gutiérrez Rojas, vicerrectora de Acción Social de la UCR.

También los rectores delataron que el proyecto tiene evidencias de una estrategia que intenta polarizar a la comunidad universitaria, al ponerlos en disputa por la consecución de los fondos públicos del FEES para su funcionamiento.

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