Hoy la Asamblea Legislativa aprobó por mayoría, en segundo debate, el proyecto 22.276 “Ley de acceso preferente al Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) para organizaciones de mujeres y personas con discapacidad”, a pesar de la oposición de gobierno y de dos diputados de la Unidad Social Cristiana.
Leslie Bojorges y Alejandro Pacheco del PUSC se unieron a Waldo Agüero, Manuel Morales, María Marta Padilla, Jorge Rojas, Ada Acuña y Daniel Vargas del PSD para votar en contra del proyecto. Pilar Cisneros, Paola Nájera y Alexánder Barrantes, de la fracción de Progreso Social Democrático, se ausentaron a la votación. Lo mismo sucedió con Fabricio Alvarado y David Segura de Nueva República.
En total fueron 34 votos a favor, 8 en contra y 15 ausencias, por lo que el segundo debate fue tramitado apropiadamente para este proyecto que ahora pasará al Poder Ejecutivo, donde el presidente Rodrigo Chaves podría vetarlo si así lo considera.
¿Qué es el PAI prioritario?
Este proyecto crea preferencias para que las mujeres, así como las personas con discapacidad, tengan acceso a este programa que administra el Consejo Nacional de la Producción y con el que se dota de alimentos a instituciones del sector públicos, como los centros educativos.
El proyecto fue dictaminado positivamente en la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor en octubre de 2021 y fue presentado por la ex diputada Catalina Montero del Partido Acción Ciudadana.
“Esta priorización abarcaría a organizaciones de mujeres inscritas en el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y para organizaciones de personas con discapacidad inscritas en el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), quien deberá llevar un registro de organizaciones al respecto”, explicó el PAC en el momento de aprobación del proyecto en la comisión.
Según esa agrupación política, el proyecto además instruye al CNP, al MAG, al INDER, al CONAPDIS y al INAMU, desarrollar planes de inserción productiva al amparo de esta ley que deberán incluirse en su planificación institucional.
“El Estado cuenta con una herramienta eficaz para distribuir riqueza en el PAI, tal cual lo prevé el artículo 50 de la Constitución Política. Enfocamos esta visión sobre mujeres, pues las mujeres somos la base del desarrollo de toda sociedad, y en las personas con discapacidad, por ser un sector sistemáticamente relegado en las políticas productivas”, comentó en su momento la diputada Montero.