Gobierno propone 9 medidas fiscales: impuesto del 0,3% a transferencias, movilidad laboral a 7200 empleados, entre otras

Otra de las medidas temporales es el impuesto extraordinario sobre la renta a salarios, pensiones y utilidades. Este impuesto no afectará a salarios menores de ¢840.000

Con base en las negociaciones del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional para el acceso a un crédito de $1750 millones, el Ejecutivo impulsará un plan o programa que implica 9 medidas, entre ellas varios nuevos impuestos y una movilidad laboral voluntaria a 7200 funcionarios del Estado.

El impuesto más controversial es el de un 0.3% a las transferencias bancarias, que desde antes ha generado una fuerte oposición porque encarece el costo de las transacciones comerciales y promueve la desbancarización. Incluso para muchos esto representa un impuesto al salario, porque la transferencia de salarios (excepto los del Estado y algunas cooperativas) también tendrían el impuesto, porque no se prevén exenciones.

Resulta interesante que ese impuesto sería para “financiar lo que se dejará de recibir por cargas sociales y la reducción de la deuda pública”, según se comunicó.

Además, se aplicará un impuesto del 5% a las remesas que salen de Costa Rica hacia otros países.

Por otra parte, la propuesta incluye la reducción del costo de las cargas sociales para las empresas en al menos 5% durante cuatro años.  “Esta acción permitirá reducir los costos de la contratación y estimular el empleo”. Según Hacienda y Gobierno, esta medida no afectará las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social, “que siempre recibirá los recursos, financiados con el 1% del PIB de la recaudación del impuesto de las transacciones financieras”.

Otra de las medidas temporales es el impuesto extraordinario sobre la renta a salarios, pensiones y utilidades. Este impuesto no afectará a salarios menores de ¢840.000. Según la propuesta, se cobrará un 2,5% adicional a los ingresos mayores de ¢840.000, un 5% extra para ingresos superiores a ¢1.233.000 y un 10% adicional a los ingresos superiores a los ¢4.325.000.

Con respecto a las utilidades de rentas netas mayores a los ¢3.638.000 se les cobrará desde un 2,5% a un 10% de manera progresiva.  A las personas jurídicas con una renta bruta superior a los ¢109.228.000, se le aplicará una tarifa adicional del 6% sobre la utilidad neta. En el caso de “personas jurídicas con ingresos brutos inferiores a ¢ 109.228.000, por los primeros ¢5.143.000 de utilidad neta se les cobrará una tarifa adicional que irá aumentando progresivamente de 2,5 puntos porcentuales en el primer tramo, a 10 puntos porcentuales adicional en el último tramo”, se informó.

“También se proponen el aumento del impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles en 0,50 puntos porcentuales y la eliminación de exoneraciones a cooperativas, salario escolar, rentas de capital y SUTEL, entre otras”, comunicó Presidencia.

En cuanto al cierre o fusión de instituciones, así como la venta de Fanal y Biscsa, el Gobierno pretende conseguir la movilidad voluntaria (renuncia) de 7000 funcionarios públicos, así como proponer la reducción del 50% de la deuda política que se paga a los partidos para campañas electorales.

Según el Gobierno, estas son medidas temporales o provisionales para poder salir adelante en el tema fiscal ante el golpe por la pandemia y se llama “Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia”, cuyo propósito es reducir en 6% del PIB la deuda pública, “con el fin de cambiar el ciclo del endeudamiento y el enorme pago de los intereses que ha tenido el país en las últimas décadas”.

Según Presidencia, estas medidas se anuncian por “el fuerte impacto en la producción nacional, la disminución de los ingresos del Estado y el aumento de las inversiones y gastos para atender la emergencia sanitaria no solo frenan el mejoramiento de las finanzas públicas en que se trabajaba, sino que también agrava el desequilibrio fiscal”.

“Los sacrificios en materia de gasto serán fundamentales, tales como se plantean en la reforma del empleo público, el rediseño institucional, el recorte de gasto en estricto apego a la regla fiscal, la apertura de un programa de movilidad voluntaria, la suspensión de anualidades y  de los aumentos salariales y  la venta de activos”, explicó la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, María del Pilar Garrido Gonzalo.

La presentación del ministro de Hacienda, Elián Villegas:

Declaraciones del presidente Carlos Alvarado al país sobre esta propuesta:

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