Gobierno busca que empresas públicas ‘aporten solidariamente’ 30% sobre utilidades al fisco

Por otra parte, se prohíbe a las empresas públicas cambiar, modificar o de alguna forma variar sus estructuras de costos con la finalidad de trasladar la carga del aporte a los usuarios o consumidores finales.

El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley para que las instituciones públicas den un ‘aporte solidario’ de un 30% sobre las utilidades para ajustar la situación fiscal que vive el país.

Este viernes, el Gobierno llevó a corriente el expediente 22.384 que busca que se establezca a favor del Estado  un aporte temporal de hasta el 30% de la utilidad disponible, después del pago de impuestos y cualquier otra carga fiscal o parafiscal, que registren las empresas públicas.

La vigencia de este aporte será por los próximos cuatro años contados a partir de la entrada en vigencia de la  ley y deberá ser cancelado anualmente.

Dicho aporte solidario será aplicable a las siguientes Empresas Públicas:

  • Banco de Costa Rica (BCR) y sus subsidiarias.
  • Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y sus subsidiarias.
  • Instituto Nacional de Seguros (INS) y sus subsidiarias.
  • Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A.
  • Correos de Costa Rica S.A. (CORREOS)
  • Editorial Costa Rica (ECR)
  • Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA)
  • Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
  • Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER)
  • Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP)
  • Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA)
  • Junta de Protección Social (JPS) 
  • Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA)
  • Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE S.A.)

El porcentaje que le corresponderá aportar a cada entidad será determinado anualmente mediante Decreto Ejecutivo firmado por quienes ocupen el puesto de la Presidencia de la República y Jerarca del Ministerio de Hacienda, de forma que la suma total de los montos aportados por todas las instituciones sea equivalente al 0.20% (cero punto veinte por ciento) del Producto Interno Bruto.

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Por otra parte, se prohíbe a las empresas públicas cambiar, modificar o de alguna forma variar sus estructuras de costos con la finalidad de trasladar la carga del aporte a los usuarios o consumidores finales.

Este proyecto fue presentado de la mano con el 22.382 (impuesto a los bienes inmuebles de lujo para uso recreacional, habitacional) y el 22.384 (renta global dual)

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