Gobierno firma nueva ley de violencia política contra las mujeres

La discrepancia de criterios, opiniones, el debate y la discusión democrática, así como disenso a las propuestas planteadas por una mujer, están protegidos por los principios de libertad de expresión y de autodeterminación

El presidente de la República, Carlos Alvarado, la ministra de la Condición de la Mujer, Marcela Guerrero, y la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, sancionaron la “Ley para Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política”, expediente 10235.

La ley había sido aprobada en el Congreso recientemente y solamente faltaba el resello del Ejecutivo.

Según se informó, esta nueva normativa “busca erradicar aquellas conductas discriminatorias que causen daño a las mujeres que ocupen cargos de elección popular, participen en las estructuras de los partidos políticos o se encuentren en el ejercicio de la función pública”.

Establece sanciones que van desde la amonestación ética hasta la pérdida de las credenciales a quienes usen cualquier tipo de violencia contra las mujeres en su ejercicio profesional en instituciones políticas.

La ley considera discriminatorias “las acciones que afecten el derecho a la vida, la integridad personal y los derechos patrimoniales para impedir el libre ejercicio de los derechos políticos, así como el hostigamiento, la violencia física, psicológica o sexual”.

Sin embargo, la ley también contempla que “la discrepancia de criterios, opiniones, el debate y la discusión democrática, así como disenso a las propuestas planteadas por una mujer, están protegidos por los principios de libertad de expresión y de autodeterminación”, lo que no da un derecho de corso para que la ley pueda ser usada para imponer criterios solamente por el hecho de ser mujer.

Según se explicó, la ley combate aquellas “prácticas de exclusión o restricción al ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres, acciones como el impedimento para ejercer las funciones propias de su cargo, restringir su reincorporación tras una licencia de embarazo y lactancia, menoscabar su imagen pública, divulgar información privada o la obstaculización del ejercicio del cargo”.

La ley empezará a tener efecto desde su publicación en el diario oficial La Gaceta.

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