Gobierno da prioridad de nuevo a Ley de Empleo Público para noviembre
El factor campaña electoral sin duda pesará mucho más en la conciencia de los diputados que necesitan, de una forma o de otra, el apoyo de los empleados públicos.
Aaron Chinchilla. El Poder Ejecutivo incluyó como una de sus prioridades el proyecto de Ley de Empleo Público, apostando con esto lo que le queda de capital político con tal de cumplir con sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La propuesta, que salió raspada y debilitada de la Sala Constitucional en setiembre, aún tiene la fuerza suficiente en su articulado para reformar la estructura de contratación y pagos del sector público del país.
El informe de la Sala IV, que contiene más de 800 páginas, puso en evidencia más de 35 inconstitucionalidades relacionadas con la autonomía de las universidades públicas, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Caja Costarricense de Seguro Social.
Tales vicios deberán ser abordados por la Comisión dictaminadora, una vez que la Comisión de Consultas de Constitucionalidad emita un informe.
Aún así, los impulsores del proyecto de ley se sienten seguros de que eliminando los vicios apuntados por la Sala, aún tendrán un instrumento jurídico que les permitiría poner a raya el gasto de salarios de los empleados públicos.
Sin embargo, el plan de ley ahora debe ser devuelto a su trámite en primer debate y podrá ser objeto de mociones. Este panorama no es el mejor para los porristas del proyecto, pues la situación no es la misma.
Al respecto: Ley de Empleo Público plagada de ilegalidades logra su objetivo: salario único para funcionarios
El factor campaña electoral sin duda pesará mucho más en la conciencia de los diputados que necesitan, de una forma o de otra, el apoyo de los empleados públicos para sus proyectos electorales de febrero.
Este avance de la campaña, a partir del calendario electoral, es sin duda, uno de los principales obstáculos que tiene la iniciativa, porque no es lo mismo restringir y legislar en contra de los intereses de los empleados en medio de la campaña electoral.
¿Y por qué? En sencillo, la propuesta de ley, viene a limitar y eliminar beneficios de los empleados públicos, algo que en teoría suena bien cuando el discurso es contra el gasto, pero contraproducente, cuando quienes lo aplauden caen en cuenta de que los más de 305.000 empleados públicos, pues, tienen familia en el sector privado.
Así de fácil, si el Gobierno le aprieta el cuello y le seca la billetera a los empleados públicos, pues afectará directamente a los familiares más cercanos, aunque estas personas laboren en zonas francas.
La sinergia familiar desarrolla una simbiosis donde los funcionarios públicos y empleados privados no se desconectan, y esto se refleja en los números que hacen los diferentes partidos políticos a la hora de plantear sus promesas de campaña.
Tal parece que este cálculo no está en el ADN del Partido Acción Ciudadana (PAC) y no es de extrañar que al presidente Carlos Alvarado, no le duela prenda para quemar los barcos de la popularidad de la agrupación política que lo llevó al poder.
Para nadie es un secreto, que las distancias entre Alvarado y Welmer Ramos, son muy marcadas, sobre todo en materia económica, donde el Ejecutivo, se ha plegado a las propuestas emitidas y maduradas durante décadas por los acólitos de Miguel Ángel Rodríguez, en el Partido Unidad Social Cristiana.
Sin embargo, es más que evidente, que dimensionar el verdadero impacto en las finanzas familiares de los empleados públicos, no forma parte del menú de los candidatos punteros en el proceso electoral, y esto se reflejará en las encuestas. Habrá que ver en qué termina esta historia.
