Funcionarios podrían evitar capacitación científica por “objeción de conciencia” gracias a fabricistas

Esto quiere decir que si un funcionario recibe una orden para participar en una capacitación, podría negarse a participar apelando a la objeción de conciencia, si esto riñe contra sus convicciones morales o religiosas.

Los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración incluyeron la norma de ‘objeción de conciencia’ en el plan de Ley de Empleo Público a través de una moción de los legisladores del bloque fabricista, pese a la advertencia de la Procuraduría General de la República sobre los problemas que una regla de este tipo podría acarrear.

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La moción aprobada plantea que:

“Los servidores públicos podrán informar a la administración por medio de una declaración jurada sobre el derecho a la objeción de conciencia cuando se vulneren sus convicciones religiosas éticas y morales, para efecto de los programas de formación y capacitación que se determine sean obligatorios para todas las personas servidoras”.

Esto quiere decir que si un funcionario recibe una orden para participar en una capacitación, podría negarse a participar apelando a la objeción de conciencia, si esto riñe contra sus convicciones morales o religiosas.

“La comisión de Gobierno y Administración apoyó la moción de Nueva República que aprueba la objeción de conciencia para efectos de capacitación y formación en la función pública”.

“De esta forma, no será obligatorio ir a estos procesos internos de las instituciones cuando éstos vayan en contra de sus creencias religiosas, la ética y la moral. Un gran paso en aras de la justicia social”, apuntó sobre el tema el diputado independiente Jonathan Prendas, uno de los promotores de la moción.

La objeción de conciencia ha sido uno de los caballos de batallas de los diputados conservadores, para evitar que los funcionarios públicos se vean obligados a prestar servicios públicos como la fecundación in vitro o procesos legales para parejas del mismo sexo.

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Con lo aprobado, dan un paso, pequeño pero importante, en sus planes de limitar la acción del Estado para sensibilizar a su personal en temas de derechos humanos que van en contra de sus posiciones religiosas.

Esta posición podría traer consecuencias que ya habían sido advertidas por la Procuraduría General de la República, en el oficio OJ-151-2020, donde señalaban posibles perjuicios en la prestación de servicios públicos, a raíz de un proyecto de ley de objeción de conciencia aún más ambicioso que tramitan los diputados conservadores en el expediente  22020, titulado “Ley para tutelar la objeción de conciencia e ideario”.

En esa oportunidad la Procuraduría advirtió que “si bien el proyecto de ley intenta conciliar los derechos fundamentales en conflicto al establecer que las autoridades del establecimiento serán responsables de asegurar el traslado inmediato del usuario, consumidor o paciente a otro establecimiento, para que se garantice el acceso a la atención y no sufra menoscabo”, lo cierto es que, tratándose del Estado, no podría alegarse la existencia de una objeción de conciencia institucional, sino únicamente de sus funcionarios y no por tal condición, sino en ejercicio de sus derechos inherentes a su condición humana”.

La acción de los diputados se dio en medio de la discusión de las más de 300 mociones del proyecto de Ley de Empleo Público.

Como otro punto importante de los cambios que recibió el proyecto, destaca el que la rectoría de contratación de empleados ya no se realizará desde el Ministerio de Planificación, sino que se mantendrá en la Dirección General de Servicio Civil.

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