Fiscalía y Procuraduría habían pedido un año de prisión para Albino Vargas por instigación

Actualización. Redacción Culturacr.net. El sindicalista Albino Vargas fue absuelto de una condena por un año de prisión en el Primer Circuito Judicial de San José. La jueza Lorena Blanco así lo decidió en un juicio donde la Fiscalía y la Procuraduría habían pedido justamente esa pena: una año de prisión por instigación pública y bloqueos en vías públicas.

Ovidio Vargas B. El fiscal Oscar Quirós fue quien exigió la condena en el tercer día del Jucio contra Vargas, manifestado que son hechos lamentables y desgastantes para la población.

La instigación pública es “el que instigare a otro a cometer un delito determinado que afecte la tranquilidad pública, sin que sea necesario que el hecho se produzca”.

Vargas enfrenta el juicio tras denuncia fue interpuesta por Gloria Navas, candidata a la vicepresidencia del Partido Nueva República (mismo partido que se opone al derecho de adopción en parejas de mismo sexo), fue quien realizó la acusación contra Vargas.

Una condena que podría ser simbolíca, por imponer un año de prisión (puede ser de hasta 4 años de cárcel) a un activista sindical  que no cuenta con delitos previos.

Los jueces deberán ejecutar un esfuerzo para hilar lo suficientemente delgado y así no sentar un precedente para que en el futuro la convocatoria a huelga no represente una sentencia de cárcel.

La Procuraduría de la República quién también exige un año de prisión contra Vargas, lo culpa por los daños sociales que ocurrieron en las manifestaciones y le cobra ¢1.000.000 más los gastos legales, destacando que la figura de Albino Vargas como líder sindical lleva a las personas a cometer delitos.

Mientras que diferentes movimientos sindicales y sociales vociferan en contra del proceso judical al considerarlo un ‘jucio político’, Gloria Navas asegura que no se trata de una persecución política contra el sindicalista; sino, contra unas declaraciones públicas hechas en 2019.

Vargas hizo el llamado a un ‘Gran Paro Nacional’, en el que durante una reunión hecha en la Conferencia Episcopal, llamado a cerrar la ruta 27 y 32, en contra de la Regla Fiscal y la ley de Empleo Público (aprobada por segunda vez en primer debate).

Esa misma Regla Fiscal que muchas instituciones tuvieron que pedir una salida para seguir funcionando o ejecutar proyectos como Censo Nacional en el caso del INEC; y de las cuales el Gobierno tuvo que ofrecer una válvula de escape reconociendo que su aplicación impide el accionar de ciertas entidades públicas.