Fiscalía pide acusación contra presidente Carlos Alvarado por Upad en la víspera de las elecciones

En la acusación también figura el exministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora.

El Ministerio Público acusó al Presidente de la República, Carlos Alvarado por el caso UPAD, señalando tres supuestos delitos: abuso de autoridad, fraude de ley y prevaricato.

La noticia surge como una bomba política justo a media semana antes de las elecciones presidenciales del próximo 6 de febrero.

En la acusación también figura el exministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, quien firmó el decreto presidencial que le dio vida a la controvertida Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

El candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana solicitó al presidente Alvarado que renuncie a la inmunidad para enfrentar la acusación y plantear un principio de transparencia.

En la acusación, el fiscal general en ejercicio, Warner Molina, señala a Alvarado y Mora por recurrir en actos ilegales para acceder a información de carácter privado de la ciudadanía.

En esta línea, la Fiscalía señala que el Presidente y Mora, así como el ministro interino de Mideplan lesionaron la ley desde el momento en que firmaron el decreto 41-996MP-Mideplán, publicado el 17 de febrero del 2020.

El prevaricato consiste en resolver en contra de la ley, por lo cual, al decretar la conformación de la UPAD, “a sabiendas de que era contrario a la Constitución Política y a la Ley”.

De acuerdo con la acusación el artículo 7 del decreto “obligaba a las instituciones” del Estado a “brindar acceso a toda información confidencial que fuera requerida por las personas que conformaban la Unidad Presidencial de Análisis (…) lo que es contrario al artículo 24 de la Constitución Política que resguarda el derecho fundamental a la intimidad”.

La comparecencia de febrero

Un año atrás, Alvarado, el 21 de febrero del 2021, dijo ante la Comisión Legislativa Investigadora del caso UPAD que nunca se vulneró la intimidad de los costarricenses.

“Viéndolos a los ojos les aseguro que ni uno solo de los cinco millones de costarricenses ha sido espiado o ha visto su privacidad comprometida con los proyectos que se desarrollaron”, dijo Alvarado a los diputados.

Defendió la creación de la Unidad de Análisis de Datos Presidencial como algo que se creó de “buena fe” en pro de las políticas públicas.

“Tengo claro que la técnica y la ciencia son aliados en la lucha contra el clientelismo y por ello los debemos impulsar”, puntualizó.

Alvarado afirmó que la UPAD lo que hizo fue contribuir al desarrollo de la política social de precisión por las estrategias que fueron utilizadas en los programas sociales.

Sin embargo, el control político de los diputados apuntó a la comisión de los delitos que está planteando ahora el Ministerio Público, al señalar que, pese a la reorganización planteada por el decreto que le dio vida a la UPAD, no se realizaron las acciones para las que fue creada.

De hecho, según la acusación, este mismo Gobierno, había intentado en dos ocasiones crear dicha unidad de análisis y el propio Mideplan había rechazado la propuesta.

Ahora, la acusación hace crecer la suspicacia en varios grupos políticos de oposición.

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