Figueres propone “combate a la narcoactividad” con ley obstruida por Gustavo Viales y sus diputados

Ley de extinción de dominio se viene impulsando por los gobiernos del PAC desde la administración de Luis Guillermo Solís.

La Ley de Extinción de Dominio para combatir la narcoactividad, que el candidato José María Figueres dijo impulsar en el debate de Columbia, se impulsa desde la administración de Luis Guillermo Solís en la Asamblea Legislativa.

En 2016 la ley había sido aprobada por mayoría en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, pero en mayo de 2017 la ley no avanzó en el plenario por la oposición de Otto Guevara y diputados del PUSC. En ese entonces, el Gobierno de Solís Rivera apoyaba el proyecto, pero el conjunto de diputados no quiso avanzar, a pesar de que incluso la Sala Constitucional había declarado que 3 cuestionamientos no eran inconstitucionales.

El Poder Ejecutivo, ya durante el Gobierno de Carlos Alvarado, la convocó varias veces y, más bien, fueron los diputados de la Comisión de Narcotráfico quienes pidieron desconvocarla en agosto de 2018. La solicitud de desconvocatoria fue firmada por todos los diputados de esa comisión, algunos muy conocidos hoy: Gustavo Viales, Pablo Heriberto Abarca, Jorge Luis Fonseca, Víctor Morales, Jonathan Prendas, Eduardo Cruiskshank y Zoila Rosa Volio. “En la misiva los legisladores además plantean que el proyecto se vuelva a convocar el 20 de agosto del presente año”, informó entonces Casa Presidencial. 

Para noviembre de ese mismo año, la entonces Ministra de Justicia y Paz, Marcia González, reclamó que a la ley se le estaba quitando alcance en la comisión legislativa. González alertó entonces que “excluir delitos como la corrupción, el enriquecimiento ilícito y el contrabando del proyecto para la extinción de dominio que se tramita en la Asamblea Legislativa representaría debilitar esta reforma legal“.

El proyecto es fundamental porque se busca debilitar el poder económico de las organizaciones de crimen organizado, al evitar que estas organizaciones se enriquezcan sumando posesiones con dineros mal habidos. Con esta ley todas las personas deben explicar el origen de los dineros al comprar propiedades.

La ley tuvo que enfrentar la oposición y los retrasos durante 4 años en la comisión legislativa hasta que finalmente no fue aprobada en el Congreso. Hoy Figueres Olsen la plantea como una propuesta de Gobierno, pero fueron sus diputados Gustavo Viales (que incluso fue presidente de la Comisión de Narcotráfico) quienes no la llevaron a cabo con eficiencia.

En 2021 se destapó el escándalo de supuestos nexos de la familia Viales en Corredores con el narcotráfico. El alcalde liberacionista Carlos Viales, padre del diputado Gustavo Viales, fue indagado y hasta detenido posteriormente por un megaoperativo con el narcotráfico en la Zona Sur.

El diputado Viales era entonces el Secretario General del Partido Liberación Nacional y presidente de la Comisión de Narcotráfico, donde al proyecto de extinción de dominio se le había dado largas tras muchos obstáculos, aunque el Poder Ejecutivo lo convocó varias veces a las sesiones extraordinarias.

Más adelante, el expediente N° 19.571, Ley Especial de Extinción de Dominio, en mayo de 2019, la Escuela de Ciencias Penales de la UCR se manifestó alertando que el proyecto tenía varias inconstitucionalidades y problemas de fondo como el presupuesto para aplicar esa ley.

Para el 20 de mayo de 2020, un año después, los diputados de la comisión que lideraba Gustavo Viales, “restaba apoyo” a esa ley. Días antes, 4 de mayo, el presidente Carlos Alvarado había hecho un nuevo llamado para que se avanzara en el proyecto:

“Este año en los primeros tres meses ya se incautaron 18 toneladas de droga. Estos datos nos recuerdan la importancia de aprobar la legislación sobre la ‘Extinción de Dominio’ para atacar el financiamiento del crimen organizado, y dar garantías a quienes trabajan con honestidad y formalidad”, comunicó.

En ese momento, Gustavo Viales usó como pretexto la investigación sobre el tema de la Upad, porque según él eso generaba desconfianza para “persecución política”. Lo extraño es que el proyecto es para persecución de la delincuencia organizada, entonces ni la Upad tenía relación alguna, ni el combate al narcotráfico debería relacionarse con persecución política, ¿o tal vez ahora sí?

Con el criterio de Viales en ese momento coincidió la diputada Zoila Rosa Volio, quien curiosamente después fue la presidenta de una comisión fallida que supuestamente investigó el caso de la incursión del narcotráfico en la política en la Zona Sur, es decir, el caso de la familia Viales. “Es un proyecto que digo que está muerto”, dijo Volio entonces.

También respaldó a Viales el diputado fabricista Jonathan Prendas. Eduardo Cruickshank, entonces presidente de la Asamblea Legislativa y miembro de la comisión, también confirmó que el proyecto no tenía apoyo de las bancadas.

Desde entonces, el proyecto otra vez fue víctima de obstáculos hasta que finalmente el Ejecutivo desistió de convocarlo para darle prioridad a otras reformas. El proyecto no tuvo el respaldo suficiente del PLN, ni del PUSC ni de las bancadas evangélicas, solamente de la fracción del PAC y otros diputados.

Ahora Figueres, lo propone:

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