El expresidente Luis Guillermo Solís comunicó que “no deja de sorprenderme la decisión del Ministerio Público de acusar en este caso”, en relación con el caso por el cierre del Banco Bancrédito.

Solís destacó que “hemos facilitado todas las investigaciones que varias autoridades, no sólo la Fiscalía, han realizado” y que ahora procede presentarse a los tribunales, respetuoso del estado social de derecho que defiende.

“Rechazo de forma categórica los cargos que se me imputan”, aseveró.

Solís reiteró que siempre actuó apegado al derecho durante su administración, “buscando el beneficio del país, así como la protección de los acreedores del Bancrédito y de los derechos de sus trabajadores”.

También subrayó que el cierre se hizo ordenado que evitó “una afectación completa del sistema financiero nacional.

Dijo que no duda que la justicia prevalecerá por encima de cualquier otro interés, pero que no se referirá más al caso porque ya está judicializado, de manera que desde ahora corresponde al Bufete ALTA-Batalla encargarse de cualquier información adicional al respecto.

La acusación

Solís Rivera fue acusado por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), por un supuesto delito de “influencia en contra de la Hacienda Pública” y por seis presuntos delitos de falsedad ideológica, en concurso material.

Se acusa de que los 6 imputados se pusieron de acuerdo para trasladar fondo públicos a Bancrédito para suponer que el banco tenía liquidez suficiente, con el supuesto problema de que no había posibilidades de retorno de esos fondos y que no se aplicaron criterios técnicos.

Eso habría afectado la liquidez del Gobierno para cumplir compromisos de pago y empeoró el déficit fiscal, según la acusación.

“Los imputados convinieron trasladar dinero de la Tesorería Nacional a Bancrédito, sin sustento técnico y con una posibilidad de retorno sumamente baja, con la intención de que la entidad bancaria aparentara tener un índice de liquidez suficiente. Aparentemente, dicha maniobra buscaba impedir que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) llegara a decretar la intervención del banco debido a los serios problemas de liquidez que enfrentaba y, por ende, evitar que la imagen de la administración Solís Rivera se viera dañada”, comunicó el Ministerio Público esta mañana.

Helio Fallas Venegas, exprimer Vicepresidente y exministro de Hacienda y Sergio Alfaro Salas, exministro de la Presidencia. También están acusados don funcionarios más de apellidos Cubero Acosta y Arroyo Rivera.

De comprobarse algún delito la pena de cárcel va de 2 a 8 años según la Ley de Corrupción y Enriquecimiento Ilícito.