El Comité de Asuntos Exteriores del Senado de Estados Unidos dio visto bueno a una iniciativa de ley, llamada “Renacer”, que impone más sanciones al régimen de Managua, incluida la expulsión del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, conocido como Cafta. La iniciativa pasa ahora al Senado para su aprobación y de lograrlo sería un golpe directo a la economía del Gobierno de Ortega.
“Habrá consecuencias para quienes intenten robarle al pueblo nicaragüense la oportunidad de ejercer su derecho democrático más fundamental a elecciones libres y justas. La ley proporcionará al Gobierno de Biden las herramientas diplomáticas necesarias para ayudar a estabilizar la crisis fuera de control de Nicaragua y permitirá a los nicaragüenses hacer que su país vuelva a la democracia y el estado de derecho”, manifestó el senador Bob Méndez.
La legislación le da un amplio margen al Gobierno de Biden para tomar acciones que permitan presionar un cambio en el régimen de Nicaragua, incluido vetar préstamos de las instituciones financieras internacionales y sanciones a quienes considere que han participado en la violación de derechos humanos.
El proyecto de ley también exige a los estadounidense que revise la participación de Nicaragua en el Cafta, el acuerdo comercial que abre el mercado estadounidense a los productos nicaragüenses. Un punto importante del reglamento es que aboga por una mayor fiscalización de los negocios de la familia Ortega Murillo y las actividades de Rusia en Nicaragua, principalmente sobre las ventas de equipo militar hechas por Moscú al Gobierno de Ortega.
El Departamento de Estado ha exigido a Ortega que libere “de inmediato” a los opositores detenidos en semanas recientes dentro de una nueva ofensiva represiva. Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, ha dicho que Washington está “alarmado” por las detenciones y violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, principalmente por el encarcelamiento de los aspirantes a la presidencia Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro García y Miguel Mora.
En Ginebra, 59 países de las Naciones Unidas suscribieron una declaración de condena contra las violaciones de derechos humanos al régimen que lidera Daniel Ortega en Nicaragua y en la que exigen la liberación de los opositores detenidos, incluidos 5 aspirantes a la presidencia.
El documento exige la liberación de los detenidos, el fin del hostigamiento contra los opositores y el respeto de las libertades civiles. En su intervención, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha asegurado que la crisis de Nicaragua “se ha agudizado de manera alarmante” y ha denunciado el “clima de temor” impuesto por el régimen.
Entre las naciones que firmaron figuran: Albania, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Guatemala, Guyana, Haití, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Marshall Islands, Mónaco, Montenegro, Marruecos, Países Bajos, Nueva Zelanda, Macedonia del Norte, Noruega, Panamá, Palau, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Corea del Sur, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Gran Bretaña y los Estados Unidos.