Contraloría: Estado falla en proteger al país por uso de plaguicidas

Un amplio estudio de la Contraloría General de la República confirma algo que ya presumíamos: el Estado falla en proteger al país por uso de plaguicidas.

No solamente lo presumíamos, muchas organizaciones ambientales y preocupadas por la salud humana lo han reiterado incansables veces, pero parece que el grito se diluye en el aire muy rápido entre la sociedad y los poderes políticos.

El órgano contralor ha dejado claro que en materia de uso y control de pesticidas solamente el Control Fitosanitario del Estado (CFE) realiza la tarea encomendada y es evidente una ausencia de coordinación entre las demás instituciones relacionadas con el tema: El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Salud (MS) y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

Estado falla en proteger al país por uso de plaguicidas

El estudio realizado indica que esas instituciones “en cuanto a las capacidades actuales para la coordinación en materia del registro, uso y control de plaguicidas, cumplen parcialmente con la normativa vigente y las buenas prácticas”.

El mayor alcance se da en materia de registro de plaguicidas, gracias a la creación de la “Ventanilla Única para el registro de plaguicidas de uso agrícola, coadyuvantes y sustancias afines”.

No obstante, como solamente el CFE hace su trabajo, eso restringe la capacidad preventiva que tiene el Estado para proteger a las personas en cuanto a usos fraudulentos, inadecuados o peligrosos de estos controversiales productos de uso agrícola.

El estudio es claro en afirmar que el Gobierno solamente tiene “un enfoque reactivo, no preventivo, pues ha sido la Sala Constitucional la que ha ordenado la coordinación interinstitucional”. Pero a pesar de ese dictamen legal, esa coordinación sigue brillando por su ausencia.

Si hubiera coordinación entre el MS, el MAG y el MINAE, “permitiría detectar causales de cancelación del registro de plaguicidas y sacar de circulación aquellos que representan un riesgo inaceptable para la salud, el ambiente y la agricultura”, según el contralor costarricense. Pero ninguno de esos ministerios cuenta con un procedimiento de gestión de riesgos establecido.

“En cuanto a la administración de riesgos de los procesos de registro, uso y control de plaguicidas, esta no se efectúa con un enfoque integral y con el concurso de las tres instituciones competentes, que permita ampliar la visión del riesgo por problemas o temáticas, así como identificar las estrategias de atención y establecer medidas para minimizar la posibilidad de materialización, o en dado caso, sus impactos”, agrega el informe.

Las organizaciones ambientales consideran que esa coordinación y control no es posible porque en el Ministerio de Agricultura y Ganadería no hay interés en lograrlo, por causa de los intereses empresariales y del sector para seguir usando plaguicidas que son útiles para el cultivo, pero perjudiciales para la salud humana y ambiental.

La Contraloría da como ejemplo el hecho de que en el período de 2019 a 2022 se han reportado al menos 4 casos de contaminación de las aguas de consumo humano con Bromacil en 4 ASADAS, particularmente en San Carlos y Río Cuarto. Eso es simplemente inadmisible, pero demuestra que hay personas sin escrúpulos o conocimiento como para darse cuenta del gran daño que hacen a los usuarios del agua potable.

También revela la Contraloría las denuncias por “eventos de mortalidad de abejas por exposición a plaguicidas como el fipronil y se ha advertido del riesgo de reducción de la población de polinizadores por el uso de plaguicidas “Neonicotinoides” y “Fipronil”, denuncias que el MINAE ha confirmado mediante un informe, así como estudios y observación del Bloque Verde y otras organizaciones ambientales en Costa Rica y el mundo.

“Con respecto a la disponibilidad de sistemas de tecnologías de información (TI) para la toma de decisiones en el proceso de registro, uso y control de plaguicidas, se determinó que existe una brecha entre los sistemas, módulos y aplicaciones actualmente disponibles y las necesidades de los usuarios internos y externos; lo cual afecta la agilidad de los trámites y la oportunidad de acceso a la información, especialmente en lo concerniente a los estudios técnicos elaborados por el SFE, MS y MINAE en la etapa de admisibilidad para el registro de nuevos plaguicidas”, agrega el estudio de la Contraloría.