Estado costarricense le gana caso a Ibérico ante malas prácticas de salubridad comercial por $101 millones

Gracias a Salud, Senasa, Setena y Comex Costa Rica demostró su fuerte institucionalidad en defensa de las personas ante el caso Ibérico.

Un tribunal arbitral internacional determinó en el caso “Ibérico” que rechaza la demanda del inversionista y exime de responsabilidad a Costa Rica por el cierre temporal de sus plantas de procesamiento de embutidos.

El caso se refiere a una demanda del dueño español de esa empresa cuando alegó discriminación por ser un inversionista extranjero, cuando se le aplicaron las leyes de salubridad que Costa Rica tiene para cerrar su planta que, supuestamente, no hacía un correcto tratamiento de los desechos que estaban afectando la salud pública de las comunidades cercanas.

La defensa de Costa Rica evitó así una millonaria indemnización que exigía Alejandro Díaz Gaspar por $101 millones.

La decisión de tribunal bilateral fue unánime y ratifica que “Costa Rica cuenta con Estado de Derecho que protege intereses de su ciudadanía, sin discriminar entre inversionistas nacionales y extranjeros“, según informó Casa Presidencial.

El juicio tiene varios años en estos tribunales, que son en realidad un arbitraje internacional en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), se planteó al amparo del “Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República de Costa Rica y el Reino de España”.

Según se informó, ”el reclamo se basó en supuestas actuaciones arbitrarias del Ministerio de Salud, del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), que llevaron al cierre temporal (5 días) de la planta procesadora de pollo establecida por el inversionista en Grecia, Alajuela, luego de numerosas denuncias por malos olores y un funcionamiento deficiente de su sistema de tratamiento de aguas residuales”.

El tribunal determinó que:
-Hubo algunas inconsistencias en la actuación del Estado costarricense, pero el inversionista tuvo acceso efectivo a la justicia y esto le permitió continuar operando su planta, lo cual significa que el país no incumplió sus obligaciones adquiridas en el acuerdo de inversión aplicable.
-No existió una discriminación basada en la nacionalidad del inversionista.
-No se acreditó que la quiebra de la empresa haya sido un resultado directo del cierre temporal de la planta.

Caso Ibérico y el presidente Chaves

“Tomamos esta resolución con mucha satisfacción, pero también, con gran entendimiento de que, como gobierno, tenemos la responsabilidad absoluta de mejorar siempre las actuaciones estatales, asegurándonos de brindar a los habitantes de Costa Rica servicios óptimos”, declaró el presidente Rodrigo Chaves, quien piensa cerrar SENASA y el Tribunal Ambiental, a pesar de que estas instituciones son parte de ese Estado de Derecho y esa institucionalidad que protegen la salud de las comunidades, de las personas y del ambiente.

La aplicación de las medidas de salud y ambientales a esta empresa por mal manejo de residuos y afectación a la población y el ambiente estuvieron a cargo de SENASA y SETENA (entidades que el presidente Chaves Robles quiere cerrar), el Ministerio de Salud y el MINAE (Ambiente y Energía).

Caso Ibérico.
Imagen con fines ilustrativos solamente.

La defensa de este caso estuvo liderada “por Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y fue integrada por funcionarios del Ministerio de Salud (Central, Dirección Regional Central Norte, y Área de Salud de Grecia), MINAE (específicamente SETENA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (específicamente SENASA), Municipalidad de Grecia, peritos en los campos del derecho administrativo y finanzas, cuyas opiniones técnicas se aportaron como prueba para complementar los argumentos del país en el proceso, y la firma legal internacional Squire Patton Boggs, expertos especializados en arbitraje internacional de inversión, contratados para coordinar la estrategia y defensa legal, y para brindar el apoyo técnico-jurídico necesario durante todo el proceso”, según informó Presidencia.

El proceso empezó el 1 de mayo de 2019.

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