Equipos especiales de seguridad nacional deberán pasar por el polígrafo para medir su confiabilidad

La diputada oficialista Paola Vega coincidió con José María Villalta y tildó esta ley como un “retroceso” en materia de derechos humanos para el país.

Con 32 votos a favor, los diputados dieron luz verde a un proyecto de ley que permite a los cuerpos policiales usar el polígrafo para determinar rasgos de confiabilidad en los integrantes de equipos especiales de seguridad nacional.

La discusión sobre si el uso del polígrafo representa o no una amenaza para las libertades individuales caldeó los ánimos durante la discusión de este proyecto, que se discutió bajo el expediente 21.490.

La independiente Zoila Volio y el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, se enfrentaron  en el plenario durante buena parte de la sesión de la tarde de este martes.

Volio aseguró que el proyecto se estructuró de la mano con el ministro de Seguridad, Michael Soto, pensando en la necesidad de combatir el crimen organizado. “Este proyecto surgió como un mecanismo voluntario”.

Sin embargo, Villalta lo calificó de “nefasto” por violar los derechos, principios y libertades individuales de los trabajadores.

“Este proyecto de ley probablemente sea de los más nefastos y desafortunados que ha votado esta Asamblea Legislativa, y podría justificar mi oposición haciendo una defensa de los derechos laborales, pero como sé que en esta Asamblea Legislativa hay muchos diputados que no consideran que los derechos laborales sean derechos humanos”, dijo el frenteamplista.

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La diputada proponente del texto Zoila Rosa Volio explicó que la prueba no será considerada como parámetro único de selección para la permanencia en los cuerpos policiales, sino como una herramienta complementaria de las pruebas técnicas a las que son sometidas.

“Yo voy hablar con estadísticas y con realidades porque parece que aquí viven en un mundo aparte de Narnia donde todo es maravilloso, cuando tenemos un embate de ajuste de cuentas, un embate de crímenes violentos, un embate de drogas que nos entran por mar, tierra y aire que han producido una gran inestabilidad en nuestro país”.

El legislador del Frente Amplio insistió en que esta ley es un instrumento donde la persona no manifiesta voluntariamente sino que se trata de extraer a partir de sus reacciones físicas un resultado.

La diputada oficialista Paola Vega coincidió con Villalta y tildó esta ley como un “retroceso” en materia de derechos humanos para el país.

“Aquí que todos los compañeros defienden tanto la dignidad humana y la vida y todo esto, pero si estamos generando un retroceso en materia de derechos humanos en Costa Rica” detalló.

La congresista también agregó que a ella se genera un cierto grado de preocupación la aprobación de esta ley porque ya la Procuraduría de la República había emitido que el proyecto ‘tenía vicios de inconstitucionalidad’.

Por su parte Volio concluyó diciendo que: “Aquí no se está hablando que a todos los costarricenses se les va a violar los derechos humanos porque no se trata como si fuera un electroshock que le vamos a hacer a todos”.

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