Epsy Campbell se sacude por falsas acusaciones de nombramientos en Cancillería

Tanto la Fiscalía como la Comisión de Ingreso y Gasto Público del Congreso determinaron que Epsy Campbell no incumplió la legalidad al nombrar a varios jerarcas, asesores y funcionarios en Cancillería.

La vicepresidenta de la República, Epsy Campbell, envió una declaración sobre las que terminaron siendo falsas acusaciones sobre nombramientos supuestamente irregulares en la Cancillería, cuando ella fungió como jerarca con recargo de funciones.

La Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa determinó hoy, tras una investigación, que la vicepresidenta procedió de acuerdo con la legalidad.

“Las causas en mi contra sobre nombramientos ilegales han sido investigadas exhaustivamente, desestimadas y archivadas en sede judicial”, expuso esta tarde mediante su declaración.

Esas acusaciones obligaron a que la vicepresidenta dejara su puesto como ministra de Relaciones Exteriores y se dedicara a sus funciones solamente como vicepresidenta al principio de la administración de Carlos Alvarado.

Causas desestimadas judicialmente

La Fiscalía investigó el expediente Nº 18-000144-0033-PE en tres secciones sobre supuestos nombramientos mal realizados por Campbell en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en los tres casos desestimó la causa.

En el caso de Catherine Rivera Mckenly como asesora se determinó que la entonces ministra contaba con las facultades para nombrar su asesora con la discrecionalidad de ser un puesto de confianza.

Además, con el nombramiento de 11 funcionarios se determinó que “todos los nombramientos fueron realizados por acuerdos del Consejo de Gobierno, razón por la que en este tipo de nombramientos la discrecionalidad es muy amplia”, según la declaración de Campbell.

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Es el caso similar en los casos de Adriana Murillo Ruin como Directora de Política Exterior y a
Carolina Fernández, como Directora Alterna, así como Adriana Laclé Solano como Directora de
Cooperación Internacional, donde se determinan también como puestos de confianza según resoluciones de la Procuraduría General de la República y dictámenes de la Sala Constitucional.

“El ente fiscal, tras casi 3 años de pesquisas, concluyó, anclado en el principio de objetividad que rige su labor, que las conductas que se me atribuyeron eran atípicas. Es decir, que, como sabía, no cometí ningún delito”, defendió Campbell Barr.

Según la vicepresidenta Campbell los cuestionamientos a esos nombramientos se debieron a razones políticas, más que de legalidad y se siente agradecida que las dudas se hayan despejado.

“Tal y como lo expresaron los propios diputados y diputadas integrantes de este foro en la sesión de hoy, ese informe responde a la coyuntura política electoral del momento, y su redacción en cuanto a la forma y fondo esboza una serie valoraciones políticas subjetivas y temerarias de temas que ya han sido conocidos por las instancias judiciales correspondiente”, agregó Campbell.

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