J.D. Castro: En Costa Rica “la justicia es sueño”, en algunos casos ◘ Derecho de respuesta

“A lo largo de esta primera fase procesal, la conducta antiética de la jueza Rosaura, convirtió mi justo reclamo en un carnaval judicial, con disfraces, comparsas, malas caras, llantos simulados…”, escribe Castro Fernández.

Por Juan Diego Castro F. La ilegal sentencia dictada el 24 febrero del 2021, por los jueces Rosaura Aguilar, Franz Paniagua y Alfredo Arias, en el caso contra los difamadores que quebrantaron mi honor, utilizando los medios y recursos públicos de la Universidad de Costa Rica, para favorecer electoralmente al Frente Amplio, es un fallo absolutamente apelable, que no acaba con mi querella y demanda civil.  Falta mucho camino que recorrer en las instancias superiores de apelación y casación penal, donde jueces y magistrados analizarán los actos parciales, arbitrarios e ilegales en los que incurrieron los jueces, quienes escogieron la inconstitucional e inmoral salida de simular un desistimiento de la acción penal y negándome el acceso a la justicia penal, dejando abierta, claro está, la posibilidad del reclamo civil. 

A lo largo de esta primera fase procesal, la conducta antiética de la jueza Rosaura, convirtió mi justo reclamo en un carnaval judicial, con disfraces, comparsas, malas caras, llantos simulados, alaridos del juez presidente, violaciones a las normas procesales y el derroche de muestras reiteradas de parcialidad colmada de un lenguaje corporal impropio de quienes visten togas como lo constantan los registros audiovisuales del debate. La trampa de la recusación fue perfecta, pues el abogado de la universidad se apersonó hasta cuando empezó el debate y no sabíamos que era compañero de facultad de la jueza redactora del fallo. Tampoco sabíamos que ella era funcionaria de esa universidad. La jueza era quien lo sabía y debió inhibeerse y no cambiar su toga por el sayo del formalismo de las 24 horas. La parcialidad y adversarialidad fue evidente y grosera.

Como víctima no tenía la más mínima obligación de asistir a ninguna audiencia de juicio, legalmente podía hacerle cuando quisiera y así lo hice.  Para eso nombré oportunamente a un apoderado judicial, quien sufrió un quebranto de salud, que en ningún momento fue negado por las pericias médico legales. Lo dicho por el tribunal es falaz y malintencionado.   En la fecha de la continuación del juicio, sólo fungía un apoderado, que maliciosamente el tribunal confundió con un defensor.

El razonamiento “unánime” del tribunal, aupado por la jueza Rosaura, es abiertamente ilógico, inmoral, ilegal y sobre todo inconstitucional hasta su último teclazo. La inquina que destila el fallo que impugnaré dentro del plazo que me otorga la ley, delata su trasfondo politiquero y la rabia con que se movieron las fuerzas invisibles de la tremenda corte profunda con las de los pervertidos acosadores de la facultad.

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