Y Julio César antes de cruzar el río Rubicón (frontera de Italia) dijo:

 “Alea iacta est”, que en español significa “La suerte está echada”.

OPINIÓN. Por Habib Succar G. Analizando otros aspectos de la vida política y las perspectivas de la oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en México, nos encontramos que el último reducto de poder con que cuentan los partidos de la oposición del PRIAN-RD (PRI + PAN + RD, coligados ahora en Frente Amplio por México), está en el Poder Judicial, sobre todo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), integrada por 12 ministros(as), donde la mayoría aplastante se opone abiertamente a las decisiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Este no es un descubrimiento reciente y tampoco sorprende en la actual política mexicana, pero sí algo novedoso: el caudaloso y por ello muy peligroso río Rubicón que Julio César decidió cruzar para regresar a Roma, después de sus triunfos militares en La Galia y reclamar así su nombramiento de Cónsul del imperio, suponía una decisión límite donde no había vuelta atrás: era la guerra civil romana por el poder. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), bajo la presidencia de la ministra Norma Piña, está envuelta en una disputa por el poder con el Ejecutivo federal jefeado por AMLO como nunca se había visto en las últimas décadas. Este pleito será el Rubicón de la SCJN y estamos a punto de ver hasta dónde llega.

Lo cierto es que durante los últimos gobiernos del periodo neoliberal (De la Madrid 1982, Salinas de Gortari 1988, Zedillo 1994, Fox 2000, Calderón 2006, Peña Nieto 2012), los presidentes siempre mantuvieron cordiales relaciones con la SCJN y más bien, se consideraba que el Poder Judicial estaba al servicio de los dictados del Poder Ejecutivo. Incluso hubo un periodo muy curioso cuando el presidente Zedillo (1994-2000), destituyó a toda la Corte Suprema y procedió a nombrar nuevos ministros(as) para integrar una nueva SCJN que sí fuera obediente a sus mandatos y eliminaba así toda la influencia del anterior presidente Salinas de Gortari (1988-1994) que le perjudicaba sus planes. De modo que ese cuento de que la democracia necesita “pesos y contra pesos” (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) aquí no aplicaba y los magistrados(as) de la Suprema Corte eran literalmente cortesanos del Ejecutivo.

Fue con la llegada de AMLO a la presidencia en diciembre de 2018 que todo cambió. No solo se decía respetuoso de la separación de poderes, sino que se empezó a notar una clara inclinación de las decisiones de la SCJN en franca oposición a los planes no solo del Poder Ejecutivo sino también del Poder Legislativo, a pesar de que AMLO, con el paso de los años, pudo proponer el nombramiento ministros(as) supuestamente afines a su movimiento llamado de la Cuarta Transformación (4T), tales como Juan Luis González Alcántara y Ana María Ríos Farjat, quienes fueron nominados paradójicamente por el Poder Ejecutivo dentro de una terna que se presentó ante el Senado de la República, pero recién asumieron sus cargos de inmediato se sumaron al bando conservador de la SCJN y “traicionaron” a AMLO.

A favor, AMLO contaba únicamente con el apoyo del ministro Arturo Zaldívar, de larga trayectoria en la SCJN, quien fuera nombrado presidente de la Corte 2019-2023. Al vencer el periodo de Zaldívar, la oposición, aglutinada en los partidos del PRIAN-RD más un activo grupo de empresarios de la oligarquía que ejerció el poder durante el periodo neoliberal (1982-2018), se movilizó con la invaluable participación de la prensa comercial y algunos “intelectuales y opinadores” (hasta el rector de la UNAM) y montaron una asquerosa patraña en contra de la candidata de AMLO para presidir la SCJN al finalizar Zaldívar: la ministra Yazmín Esquivel Mossa. La jugada consistió en denunciar públicamente que la tesis de grado de licenciatura en Derecho con la que la licenciada Esquivel presentó para su graduación era un plagio de otra tesis presentada un año antes.

Toda la prensa comercial al unísono: periódicos, radios y televisoras y canales en redes sociales, acribillaron a la ministra y dieron por sentado que la acusación de un periodista era cierta. Fue un linchamiento público. El escándalo fue mayúsculo. A la hora de la elección la ministra Esquivel no fue elegida y en su lugar quedó electa Norma Piña, en representación del grupo conservador mayoritario que representa a los partidos de oposición en la SCJN. Semanas después se comprobó que todo fue un montaje y que la ministra Esquivel Mossa no plagió nada, y más bien se recabó el testimonio en vídeo del supuesto autor plagiado, que reconocía que fue él quien plagió la tesis de la ministra Esquivel. Nada de eso fue de valor para la impoluta prensa que fue desnudada en su complicidad con el poder opositor, porque nunca publicó ninguna aclaración y se retractó de los ríos de tinta que le dedicaron a la ministra Esquivel.

A favor de la ministra Esquivel solamente votaron el ministro Arturo Zaldívar y la ministra Loretta Ortiz Alf (además de Esquivel) y ese reducido grupo de 3 magistrados(as) es al cabo el único apoyo que tiene AMLO en la SCJN, los restantes 9 ministros(as) son férreos opositores a AMLO declarados así sin ningún empacho y sus decisiones lo confirman.

Pero hay que aclarar que AMLO se traía un pleito con la SCJN desde hacía más de 2 años, por un asunto muy sencillo pero de muchos pesos $$: cuando AMLO pidió que se aplicara la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política que, en esencia, establece un principio universal: ningún funcionario público puede devengar un salario mayor que el del presidente de la República; todos los cargos federales de Diputados(as), Senadores(as), Ministros del Ejecutivo, directores de instituciones autónomas y todo tipo de instituciones públicas, debían por tanto aplicar las rebajas que la nueva ley y la Constitución (Art.127) establecen a partir de ese momento (abril 2019).

Peeeeeero… Tanto la Suprema Corte como instituciones autónomas como el INE, el INAI, la COFECE, el COFEPRIS, etc. interpusieron recursos de amparo ante la SCJN en defensa de sus altos salarios y los mismos ministros de la Corte (jueces y parte) acogieron los amparos y llevan ya 4 años sin resolverlos por el fondo, pero con ello se garantizan que sus jugosos salarios y otras prestaciones no se tocan.

Este tema de los privilegios excesivos y los abultados salarios de los ministros de la Suprema Corte ya lo tratamos con lujo de detalles en un artículo anterior (véase: https://www.culturacr.net/la-madre-de-todas-las-batallas/).

Por ahí empezó el diferendo Ejecutivo versus Judicial. Pero se ha venido extendiendo y profundizando durante los últimos dos años en que la SCJN ha venido resolviendo una seria de asuntos bajo su conocimiento de manera impropia y en algunos casos, paradójicamente, violentando la Constitución que ellos deben defender. Vamos a poner solamente los dos ejemplos que considero más importantes que ilustran esta lucha de poderes.

El primer revés que la SCJN le dio a los poderes Legislativo y Ejecutivo, fue la declaratoria de inconstitucionalidad del plan de leyes que se conoció popularmente como “El Plan B – de reforma electoral”. Las diferentes leyes aprobadas por el Congreso y el Senado fueron impugnadas por “fallas en el proceso legislativo” con lo cual, la SCJN se atrevió a decirle al poder legislativo que el trámite que se le dio a la aprobación de esas leyes no cumplió con los requisitos “que la SCJN considera” y no lo que el reglamento legislativo establece. Fue un descaro y un relajo. Pero fue un primer aviso de por dónde iba a ir la SCJN en lo sucesivo, sobre temas de fondo.

Luego, la SCJN resolvió una acción de inconstitucionalidad y declaró que la ley que establecía como un delito grave el fraude fiscal y demás acciones ilegítimas contra el erario, en realidad no lo era, sino un delito común. Posteriormente, la ley que establecía la prisión preventiva oficiosa para delitos graves también fue modificada y ya no se establece la prisión preventiva en todos los casos señalados sino solo en algunos pocos. Con estas decisiones, la SCJN claramente favorece a los delincuentes y a los antiguos dueños del poder en México que usualmente estaban coligados con el poder político.

Un axioma fundamental del planteamiento ideológico de AMLO al promover “la Cuarta Transformación de la vida pública de México (La 4T)” es la separación del poder político del poder económico que había marcado los últimos 40 años de forma dramática la vida mexicana. Esas élites de poder, económico y político, hoy no gobiernan en México, salvo en unos pocos estados de la República donde habrá elecciones para la gubernatura en junio 2024 y posiblemente sean desplazadas. Esos son los sectores, pequeños pero muy poderosos, que están desquiciados con AMLO, que les ha quitado los jugosos negocios que hacían al amparo del poder y que combate duramente las antiguas prácticas de fraudes electorales a niveles estatales y federal, mediante la compra de votos de diversas maneras, el embarazo de las urnas, el chorreo, el exceso de financiación de las campañas, la manipulación del conteo, etc. Fraudes que para 2024 ya no será posible alentar desde el I.N.E. cuyo interior ha experimentado unas pocas modificaciones, pero la presidencia ya no la manejan los tenebrosos Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, que hacían y deshacían a su antojo en las campañas electorales y durante toda la vida política diaria.

En febrero pasado venció el nombramiento de 4 consejeros electorales que fueron sustituidos por personas respetables y con buena trayectoria de jueces imparciales. Aunque son minoría entre los 11 consejeros, ya no es posible que Córdova y Murayama hagan y deshagan y cometan fraudes a su antojo. Por ello, la SCJN es el último reducto que le queda a los partidos de oposición y la oligarquía y se aferran a ella con tenacidad y furia.

La cereza del pastel en el enfrentamiento entre poderes Ejecutivo-Legislativo y Judicial, la vino a poner el destape de los fondos multimillonarios que la SCJN guardaba celosamente para financiar sus granjerías y privilegios, además de los que ya de por sí tienen. AMLO tiene ya varios meses denunciando cada semana los fideicomisos que la SCJN mantiene por más de $20 mil millones de pesos (aprox. US$1,150 millones), de los cuales no da cuenta y maneja de forma muy opaca.

En su origen, los fideicomisos que no han sido creados por ley son espurios, ilegales. Tal es el caso de 14 de los 15 fideicomisos que maneja el Poder Judicial. Los fideicomisos de la SCJN son el producto de subejecuciones presupuestarias, sobrantes de partidas que, en vez de devolverlas a la secretaría de Hacienda (el erario) se los dejan para engordar sus fideicomisos. No haremos aquí la lista de los 15 fideicomisos pero algunos eran, por sus nombres, sencillamente ofensivos. Todo para financiar lujos y excesos de los ministros(as) de la Corte y jueces superiores federales y estatales, así como ministros(as) del Tribunal Electoral de la Federación.

Algo exactamente igual sucedía en el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Congreso de la Unión decidió abolir los fideicomisos superfluos y el INE no se cerró ni se les causó perjuicio a sus trabajadores.

En estas semanas, la SCJN en coordinación con los medios de prensa, al unísono con la oposición del PRIANRD, han desatado una campaña “de defensa de la institucionalidad del Poder Judicial” (sic) alegando que sin esos fideicomisos se dañará a los trabajadores y se perjudicará la impartición de justicia. Puras mentiras.

Ya el Congreso y el Senado hicieron su parte: 1. Eliminaron los 14 fideicomisos que manejaba privadamente la SCJN, 2. Hicieron recortes al Presupuesto 2024 del Poder Judicial hasta por $15 mil millones de pesos, debido a que el gasto estaba inflado en muchísimas partidas y se estaban financiado gastos improcedentes y dispendiosos, absolutamente innecesarios, “dándose vida de ricos con un pueblo pobre” (a costas del erario).

Desde luego que ya la oposición anunció que iba a presentar recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad contra la eliminación de los fideicomisos y así lo han hecho un grupo de jueces.

Aquí se presentaría un dilema para cualquier sistema judicial de un país medianamente democrático y decente, pero en México en el Poder Judicial desconocen esos conceptos. El dilema es que los mismos beneficiarios de los recursos de los fideicomisos, presentan los amparos y ellos mismos, como jueces y ministros de la Corte, resolverán en última instancia esos amparos, siendo evidentemente jueces y parte. Y por lo que han anunciado ningún juez se va a recusar de conocer de estas materias.

Por último, como muestra de la corrupción imperante en la SCJN, AMLO ha denunciado que existe un Instituto Mexicano del Amparo, donde participan activamente dos ministros de la SCJN, que se especializa en la asesoría y presentación de recursos de amparo ante la Suprema Corte. De modo que cuando un asunto lo requiere, estos mismos ministros redactan los amparos y los entregan al Instituto para que los interesados los presenten, luego, ellos desde la SCJN tienen la facultad de “atraer los asuntos para su resolución” y así lo hacen: solicitan las carpetas de los diversos asuntos discutidos en amparos y ellos redactan las resoluciones que al final aprueba la SCJN. Un sistema perfectamente corrupto.

De modo que los amparos que ya han presentado grupos de jueces contra la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial serán rápidamente aceptados por los jueces de primera instancia y pronto serán solicitados por los ministros de la Suprema Corte para su resolución final. Tanto jueces de primera instancia como ministros son en estos casos jueces y parte. Pero no tienen la mínima intención de recusarse en estos casos, como la ley lo demanda.

AMLO ya sabe con antelación que todo esto va a suceder porque la SCJN es sumamente corrupta y desvergonzada, pero ahora con la tragedia del Huracán Otis sobre Acapulco, AMLO le pidió a la presidenta de la Corte que se destinara el dinero de esos fideicomisos para atender la reconstrucción de Acapulco y puso en un brete a la ministra Piña. Si acepta la van a acusar de traidora y si se niega, quedará ante toda la nación como gente insensible y egoísta que no piensa en México sino solo en sus propios beneficios. Sea cual sea el desenlace de este pleito, AMLO habrá jugado nuevamente una exquisita partida de ajedrez, exhibiendo la corrupción y la voracidad egoísta de los mandos superiores del Poder Judicial. Las encuestas recientes muestran cómo el pueblo tiene un pobre concepto del Poder Judicial y la justicia. Todo ello lo viene denunciando AMLO semana a semana para concluir pidiéndole al pueblo que en la próxima elección de junio 2024, el pueblo le de a la Coalición Juntos Hacemos Historia (MORENA + PT + PVEM) una mayoría calificada en el Congreso de Diputados y Senadores, para promover entonces una profunda reforma al Poder Judicial y acabar con esta banda de saqueadores y sinvergüenzas, el llamado “Cartel de la Toga” que hoy dice defender la Constitución mexicana mientras la violenta con casi todas sus propias decisiones.