El Gobierno aprueba el estado de alarma en Madrid por pandemia

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El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comunicado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que el Ejecutivo declarará el 9 de octubre el estado de alarma en Madrid.

En una rueda de prensa, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska explicaron que “las normas serán las mismas que ayer, con la cobertura del estado de alarma, ni una más ni menos. Hay que impedir que en el puente se difunda el virus sin control”. Estas consideraciones las ha realizado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras anunciar la declaración del estado de alarma para dar cobertura a las medidas aprobadas en el mes de septiembre, y algunas de las cuales no fueron ratificadas este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por limitar derechos fundamentales.

“Los hechos son claros. El Gobierno, durante muchos días ha querido llegar a un acuerdo”, reitera Illa. Según sus palabras, el presidente del Gobierno llamó a Ayuso para intentar mantener las medidas contenidas en la orden de Sanidad, con las opciones ya conocidas: recoger las medidas en una nueva orden de la Comunidad o declarar el estado de alarma, de forma consensuada o por el Gobierno. En la segunda llamada le dijo al presidente que necesitaba tiempo hasta hoy al mediodía, la presidenta ha decidido no hacer nada”.

Por su parte, el ministro de Interior ha declarado que ha ordenado el despliegue de policías y guardias civiles con más de 7.000 agentes.

“De inmediato van a garantizar todas las medidas contempladas en el real decreto. Se van a establecer controles en salida y acceso en los municipios afectados, así como en las infraestructuras de transporte colectivo”, dice Grande-Marlaska.

Las restricciones que se aplicarán tras haber decretado el Gobierno el estado de alarma en Madrid serán las mismas que estaban en vigor ayer, pero tendrán otra cobertura jurídica, y será así para evitar que este puente festivo el virus se difunda sin control. Es decir, la declaración del estado de alarma no supondrá un endurecimiento de las medidas de restricción, sino que se limitará a reponer las que se encontraban activas desde el pasado viernes tras ser tumbadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Estas medidas, avaladas por otra forma jurídica, y a las que están sujetos nueve municipios —Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Madrid, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz— son las siguientes y serán de aplicación durante 15 días:

• Se restringe la entrada y salida de personas, salvo para aquellos desplazamientos “adecuadamente justificados” que se produzcan por determinados motivos, como asistir al centro de salud, al puesto de trabajo, a centros escolares y universidades, volver a la residencia habitual, asistencia de mayores, menores y dependientes, desplazamientos a bancos, juzgados u otros organismos públicos.
• También para renovaciones de permisos y documentación oficial, trámites administrativos inaplazables, exámenes o pruebas oficiales también “inaplazables”, por causa de fuerza mayor, entre otros.
• Se limita a seis personas las reuniones de cualquier actividad o eventos de carácter familiar o social, tanto en la vía pública como en espacios públicos y privados, salvo “que se trate de convivientes y excepto en el caso de actividades laborales e institucionales o en el de actividades en que se establezcan límites o medidas específicas”.
• Queda suspendida la actividad de los parques infantiles de uso público.
• El aforo en los lugares de culto será de un tercio, con una distancia mínima interpersonal de 1,5 metros.
• El aforo en los velatorios será de quince personas en espacios al aire libre o diez en espacios cerrados, sean o no convivientes, mientras que podrán participar en la comitiva fúnebre del entierro o cremación de la persona fallecida un máximo de quince personas.
• Se reduce al 50 % el aforo en los locales comerciales y servicios abiertos al público, que cerrarán no más tarde de las 22:00 horas, salvo las excepciones que se prevean. En cuanto a los establecimientos de hostelería y restauración y de juegos y apuestas, el aforo permitido no podrá superar el 50 % en espacios interiores y del 60 % en exteriores, en tanto que el consumo en barra no estará permitido. Además, las mesas deberán guardar una distancia de, al menos, 1,5 metros respecto a las sillas asignadas y a las demás mesas, y el grupo que se siente no será superior a las seis personas. Tampoco se admitirán nuevos clientes a partir de las 22:00 horas y la hora de cierre no podrá superar las 23:00 horas, “a excepción de servicios de entrega de comida a domicilio”.
• El aforo de autoescuelas, centros privados de enseñanzas no regladas y de formación será del 50 % por ciento.
• En las instalaciones deportivas al aire libre el aforo máximo será del 60 % mientras que las de interior será del 50 %.
• Otras actividades, servicios e instalaciones: el aforo máximo será del 50 % salvo que se prevea uno inferior.
• Las comunidades con municipios afectados reforzarán sus capacidades para la detección precoz y el control de la enfermedad, así como en el ámbito de la atención sanitaria, de acuerdo a lo establecido en el plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19.

¿Falta de actuación?

El ministro de Sanidad criticó de forma directa a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que acusó de “no hacer nada” pese a la “indiscutible” gravedad de la situación.

“En Madrid, y esto es indiscutible, el virus tiene un nivel de contagios muy alto: no hay solo brotes, hay trasmisión comunitaria”, afirmó.

La región registra desde el inicio de la epidemia casi 256.000 casos de covid-19, más de un tercio de los 848.000 acumulados en todo el país.

En los últimos 14 días Madrid muestra registra 563 casos de covid-19 por cada 100.000 habitantes, una cifra muy elevada que además no se encuentra consolidada. El pasado martes la incidencia era de 710, lo que crea dudas sobre si la cifra actual realmente refleja un descenso o si simplemente se debe a un retraso a la hora de notificar los positivos.

A la vista de estos datos, Salvador Illa se mostró visiblemente enfadado por el rechazo de Madrid a aplicar cierres perimetrales.

“La paciencia tiene un límite, no hay más ciego que quien no quiere ver”, apuntó Illa antes de destacar que otras capitales europeas emprendieron medidas contra el coronavirus mucho antes de llegar a esta situación.

París decretó el cierre de todos los bares con una incidencia de 260 casos por 100.000 habitantes en una semana y Berlín puso un límite de diez personas para las reuniones sociales con una incidencia de tan solo 50 casos por 100.000 habitantes.

“El umbral europeo fija la necesidad de tomar medidas drásticas a partir de los 250 casos por 100.000”, recordó Illa, apostillando que “no nos aproximamos si tan siquiera un poco a los estándares europeos”.

Por ello, Illa considera que el Gobierno no tenía otra alternativa que decretar el estado de alarma para “limitar la movilidad para limitar los contagios”. De esta forma, el Gobierno español se dota de poderes para mantener las restricciones a la movilidad implantadas desde hace una semana, haciendo que 4,7 millones de ciudadanos solo puedan abandonar el municipio en el que viven para trabajar o por causas de fuerza mayor.

La declaración del Estado de Alarma en Madrid era evitable. Había alternativas.

Lamentablemente los políticos hemos vuelto a fracasar. Las consecuencias las pagan los ciudadanos. Mis disculpas por ello. https://t.co/YMQ7YhIwxJ

— Ignacio Aguado (@ignacioaguado) October 9, 2020

​En la práctica, esta medida suponía el cierre perimetral de la ciudad de Madrid y otros nueve grandes municipios de la región, como Móstoles, Fuenlabrada o Alcorcón para limitar la expansión del coronavirus.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se negó a ratificar las restricciones, alegando que el Gobierno central incurrió en “una injerencia de los derechos fundamentales” al limitar la movilidad “sin habilitación legal que la ampare”.

La decisión del TSJM no declaró la ilegalidad de las restricciones, sino que censuró los mecanismos utilizados por el Gobierno central para imponerlos, dejando la puerta abierta para aplicarlos mediante mecanismos alternativos.

Tras conocerse esta decisión, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llamó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, para buscar fórmulas que permitieran mantener activas las restricciones, algo que la líder madrileña rechaza.

Ante la falta de acuerdo Sánchez lanzó un ultimátum, planteando que si Madrid no asumía las restricciones de forma voluntaria, se declararía el estado de alarma en la región para dotar al Gobierno central de las competencias legales con las que aplicar las medidas.

Las autoridades madrileñas respondieron el 9 de octubre planteando un ligero endurecimiento de sus medidas anticovid, pero sin llegar a asumir los cierres perimetrales, lo que llevó al Gobierno central a consumar su amenaza.