El fracaso de las elecciones municipales costarricenses ◘ Opinión

Por qué el TSE debería considerar seriamente reunificar una vez más las elecciones locales y las nacionales, como se hizo en 1934.

OPINIÓN. Por Iván Molina J. El 22 de julio de 1978, el periódico La República informó que, “con el propósito de fortalecer el régimen municipal”, una comisión legislativa, al dictaminar el proyecto para reformar el artículo 171 de la Constitución, recomendó unánimemente separar los comicios edilicios de los nacionales.

Iván Molina Jiménez

Conformada por los diputados Armando Aráuz Aguilar (Partido Liberación Nacional), Cristian Tattembach Yglesias (Partido Unidad) y Rodolfo Cerdas Cruz (Frente Popular Costarricense), esa comisión acogió favorablemente una iniciativa planteada en el Cuarto Congreso Nacional de Gobiernos Locales, celebrado entre el 28 y el 30 de agosto de 1976.

Al inaugurarse esa actividad en el Teatro Nacional, el entonces ministro de Gobernación, Édgar Arroyo Cordero, indicó que realizar los comicios municipales junto con los nacionales provocaba que “la atención de los electores” se concentrara en las elecciones del presidente de la República y de los diputados, “menospreciando” al gobierno local.

Penumbra

La comisión legislativa de 1978, al apoyar la propuesta de Arroyo, señaló que esa separación era “una vieja aspiración municipalista” y destacó que, en los últimos años, se habían dado pasos para fortalecer a los gobiernos locales con la emisión del Código Municipal en 1970 y la creación del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal en 1971.

Según los diputados, la forma en que se llevaba a cabo el proceso electoral excluía casi totalmente “el interés de los ciudadanos en los candidatos a regidores municipales, pues en las campañas desaparece prácticamente la discusión de los problemas locales para dar paso a los planteamientos nacionales”, por lo que los comicios edilicios quedaban “en la penumbra de la atención política”.

Para los legisladores, realizar esas elecciones dos años después de las nacionales, permitiría que “los ciudadanos vayan recobrando la confianza y el interés en sus gobiernos locales, tanto para buscar la solución a los problemas de carácter municipal, como para participar directamente en las tareas e inquietudes de la comunidad local”.

También esa separación serviría –puesto que los comicios municipales se realizarían dos años después de los nacionales– “para medir la opinión que tiene el país del partido que gobierna por medio de los resultados” en las votaciones locales.

Experiencia

Durante la elaboración de su entusiasta propuesta, la comisión legislativa olvidó completamente que, en el período 1928-1932, Costa Rica había experimentado con la separación de las votaciones municipales de las nacionales. Tal cambio, desde el punto de vista de la asistencia a las urnas, fue un completo fracaso.

Con el propósito de que las comunidades se interesaran más por los asuntos locales, la ley electoral de 1927 –que consolidó el voto secreto– separó los comicios locales de los nacionales, pero los resultados fueron contrarios a los esperados: en las elecciones municipales de 1928 el abstencionismo ascendió a 85%, en las de 1930 fue de 79% y en  las de 1932 se redujo a 70%.

La disminución experimentada en 1932 se explica fundamentalmente porque, en esos comicios, compitió el Partido Comunista de Costa Rica (fundado en 1931), lo que originó un virulento anticomunismo –liderado por la Iglesia católica– que contribuyó a que más ciudadanos asistieran a las urnas (en esa época solo sufragaban los varones, ya que el voto femenino solo fue aprobado en 1949).

Incentivados por el temor de que a los comunistas, como resultado del elevado abstencionismo, se les facilitara ganar puestos en las municipalidades (al disminuir la participación, se reducían también los cocientes necesarios para adjudicar las plazas en disputa), los restantes partidos políticos reunificaron las elecciones locales y las nacionales a partir de 1934.

Retornar a un sistema unificado también fue una respuesta al desinterés de los ciudadanos por los comicios municipales, un fenómeno explicable –según expresó anónimamente en 1930 un consejero del presidente Cleto González Víquez– porque, ya en esa época, los principales servicios públicos (educación, salud y construcción de infraestructura, entre otros) dependían del gobierno central y no de los municipios.

Democratización

Desde el siglo XIX, el gobierno central era el que nombraba a la principal figura de poder local: los jefes políticos, situación que se mantuvo en la Constitución de 1949, a partir de la cual tales funcionarios empezaron a ser denominados ejecutivos municipales.

En el congreso de 1976, Óscar Arias Sánchez, en su condición de ministro de Planificación, manifestó que compartía la iniciativa de separar las elecciones locales de las nacionales y, además, propuso que el ejecutivo municipal fuera electo “en comicios populares”.

Independizar a los municipios del Poder Ejecutivo fue un proceso que avanzó decisivamente en 1970, cuando el Código Municipal de ese año dispuso que, en adelante, esos ejecutivos serían nombrados por los regidores.

La iniciativa de Arias se materializó en el Código Municipal de 1998, que sustituyó al ejecutivo municipal por un alcalde y dos suplentes (posteriormente denominados vicealcaldes), todos de elección popular, en comicios a efectuarse en diciembre del año en que se renovaban los cargos de presidente de la República y de diputados.

Aunque tal innovación supuso una democratización decisiva de la política local, su impacto fue limitado por el elevado abstencionismo que prevaleció en las elecciones para las alcaldías: 77,2% en el 2002, 76,2% en el 2006, 72,1% en el 2010 y 64,6% en el 2016.

Decidido a contrarrestar la ausencia de votantes a las urnas, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) acordó, en el 2007, trasladar los comicios para las alcaldías al primer domingo de febrero; y en el 2008 dispuso que, a partir del 2016, las elecciones de los regidores se realizarían de manera separada de las nacionales.

Fracaso

Lejos de conseguir su objetivo, la reforma promovida por el TSE tuvo el resultado opuesto. Según el gráfico adjunto, el porcentaje de abstencionismo en las elecciones presidenciales y municipales fue prácticamente similar en el período 1953-2010.

Al incrementarse el abstencionismo a partir de 1998, como resultado del creciente desencanto de la ciudadanía con los partidos políticos (principalmente por su conexión con situaciones de corrupción), la asistencia a las urnas en los comicios municipales varió en la misma dirección que la correspondiente a las votaciones presidenciales.

Sin embargo, después de que los comicios municipales fueron separados de los nacionales, el abstencionismo en esas elecciones ascendió dramáticamente de 30,9% en el 2010 a 64,6% en el 2016.

Ciertamente, con este cambio, el abstencionismo disminuyó en 7,5 puntos porcentuales, en las votaciones para las alcaldías, entre el 2010 y el 2016; pero en las elecciones municipales aumentó, en ese mismo período, en 33,7 puntos porcentuales.

De esta manera, en vez de resolver el problema, el TSE lo agravó. Entre más elevado sea el abstencionismo en los comicios municipales, más vulnerables son esas elecciones a la influencia del crimen organizado (en particular del narcotráfico), de la corrupción (alentada por la reelección indefinida de los alcaldes) y de la movilización de votantes con base en motivos religiosos.

Al igual que ocurrió entre 1928 y 1932, la separación de las elecciones edilicias de las nacionales, a partir del 2002, fue un fracaso. Las razones de fondo del desinterés de la ciudadanía por los comicios municipales son las mismas que exponía, en 1930, el consejero del presidente González Víquez: comunidades y vecinos obtienen más y mejor atención, en relación con sus problemas locales, de parte del gobierno central y de las instituciones autónomas, que de sus propios municipios.

Si, como parece probable, en los comicios del 2 de febrero del 2020 vuelve a triunfar el abstencionismo y los partidos evangélicos amplían su presencia en las municipalidades, el TSE debería considerar seriamente reunificar una vez más las elecciones locales y las nacionales, como se hizo en 1934.

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