Los pésimos números del estado de la justicia en Costa Rica que reveló la legisladora Cisneros

Los pésimos números del estado de la justicia en Costa Rica que reveló la legisladora Cisneros
Haga clic para compartir en su red preferida:

El “Estado de la justicia en Costa Rica”, un informe que realiza el Programa Estado de la Nación, fue el insumo principal que usó la diputada Pilar Cisneros para exponer la situación de ineficiencia que enfrenta el Poder Judicial y así justificar el discurso que emitió el presidente Rodrigo Chaves, como ha sido la tónica en las últimas semanas.

Pilar Cisneros destacó varios datos del informe del “Estado de la justicia”, principalmente datos del capítulo: “La lucha contra la corrupción en el poder judicial”, es decir, no son datos nuevos y, de hecho, son estudios de 2020.

Justicia en Costa Rica, ni pronta ni cumplida

La legisladora destacó que, como sucede en la Educación, entre más dinero se invierte en el Poder Judicial, los resultados son cada vez peores. El presupuesto de este poder de la República creció de 104 mil millones 2006 hasta 474 mil millones en el 2022, pero hoy cada juez resuelve hoy un 51% menos casos que en el 2000, mientras el gasto es de un 164% más.

El registro sobre la justicia en Costa Rica indica que solamente uno de cada diez casos de corrupción llegan a juicio y casi la mitad son desestimados. Además, uno de cada diez tarda hasta 7 años o más para resolverse y un 8% de ellos prescribe por inacción judicial. “Nunca se ha condenado a nadie por tráfico de influencias”, señala Cisneros Gallo.

El traslado de los casos desde la Fiscalía hasta los tribunales dura, en promedio, un año y medio, lo que según el estudio se convierte en un claro cuello de botella que retrasa los casos.

Según Cisneros, con datos del informe que coordinó la politóloga Evelyn Villarreal, en el año 2000 el costo del Poder Judicial por habitante era de ¢22, mientras hoy es de ¢240.

La legisladora reveló que el salario de un magistrado en estos momentos asciende a ¢8,4 millones por mes, incluyendo ¢2,7 millones de un rubro llamado índice gerencial y ¢800.000 por algo llamado función judicial e incluso algo llamado índice de competitividad, que reconoce ¢600.000.

Justicia en Costa Rica.
Corte Suprema de Justicia, San José.

El estudio concluye que hay una alta concentración de poderes en los magistrados, quienes se dedican a hacer cosas para las cuales claramente no tienen capacidad.

Además, denunció que -según reveló el exmagistrado Rolando Vega- la Corte Suprema de Justifica ha engavetado durante 7 años un sistema nacional de calidad y acreditación de justicia, conocido como SINCA Justicia, que permitiría media la eficiencia del Poder Judicial. Según Cisneros, los mismos magistrados boicotean las soluciones.

También criticó la elección secretas de magistrado en la Asamblea Legislativa, una medida que la fracción del Partido Acción Ciudadana combatió en la anterior legislatura, pero tanto Liberación Nacional como la Unidad Social Cristiana se negaron a eliminar esa arbitraria situación en el reglamento legislativo. Incluso, el mismo Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa aseguró que no es un método correcto, pero ni siquiera la misma Sala Constitucional ha decidido sobre el particular.


Haga clic para compartir en su red preferida:

Leave a Reply

Your email address will not be published.