Ejecutivo opta por licitación internacional para polémicas tobilleras, pero extendería contrato actual

Condiciones más estrictas y mejor mantenimiento son parte de lo solicitados en el nuevo cartel de licitación.

El Ministerio de Justicia y Paz optó por realizar una licitación internacional, que será comunicada mediante las embajadas del país en otros países, para realizar la compra de las nuevas tobilleras para los privados de libertad que gozan de ese beneficio.

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EL nuevo cartel fue publicado en el Sicop y tiene mayores restricciones para los vendedores del producto, como las características físicas y de funcionamiento mínimas del dispositivo, además de “los estándares de servicio esperados, tanto para la plataforma informática a través de la cual se realice el monitoreo como para el acompañamiento y asistencia técnica por parte del nuevo contratista”, se informó.

“El Ministerio es cada vez un cliente más exigente a la hora de plantear los requisitos que requiere satisfacer en favor de la población monitoreada, la seguridad ciudadana y las finanzas del Estado”, declaró la Ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas.

La jerarca fue muy concreta en lo que busca para esta nueva experiencia, después de enfrentar varios procesos erráticos y problemáticos, que incluyen funcionarios que no atendieron a una privada de libertad para quitarle el dispositivo con la excusa de que “no estaban en horas de oficina”. Ahora el Estado deberá indemnizar a la mujer afectada.

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“Queremos que el dispositivo que se seleccione sea el que brinde, al mismo tiempo, la mayor seguridad y el mayor confort a la persona monitoreada. Queremos, además, una plataforma estable y robusta que mantenga conexión permanente con todos los dispositivos monitoreados y, a su vez, genere en tiempo real toda la información que requiere la institución y otros actores involucrados, como los juzgados de ejecución; todo eso dentro de un marco de servicio presencial y remoto que resuelva las consultas del equipo y los incidentes técnicos en el menor tiempo posible.

Además, “solo podrán ofertarse dispositivos que estén homologados por la SUTEL y estamos solicitando demostrar solidez financiera para asegurar que la empresa adjudicada tiene la capacidad de acometer las inversiones iniciales que conlleva la puesta en marcha del servicio”, informó la Ministra.

Sin embargo, el Ministerio solicitó a la Contraloría General de la República “el aval para extender por hasta 24 meses el plazo del contrato actual proveedor o hasta que se cuente con el nuevo proveedor contratado –lo que suceda primero– mientras tiene lugar el proceso de contratación, de cara a no desestabilizar la provisión del servicio”.

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