Ejecutivo devuelve proyecto de Cannabis y cáñamo para ser corregido en temas de legalidad, salud, seguridad y agro

Ejecutivo dice que no está en contra de la ley pero debe ser arreglada para que sea viable según la legalidad y no afecte la salud pública, la seguridad y el país pueda producirla con eficiencia.

Los ministros de Salud, Daniel Salas, Seguridad, Michael Soto y de Agricultura, Renato Alvarado, expusieron esta tardes una serie de inconvenientes sobre la ley que regula el uso de Cannabis medicinal y cáñamo para uso industrial.

El proyecto será devuelto a la Asamblea Legislativa para que se valoren las variaciones que indicaron los jerarcas de esos temas que pasan por problemas de legalidad con acuerdos internacionales, problemas para su producción e industrialización, problemas con la criminalidad y la salud pública.

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“Es una responsabilidad de la que no nos podemos desentender”, expresó la ministra de la Presidencia Giannina Dinarte.

Dinarte indicó que el proyecto será devuelto al Congreso para que se hagan las correcciones, porque “ni siquiera se hicieron audiencias a las diferentes autoridades en cada rama”, dijo.

Ninguna observación de los inconvenientes que se plantearon hoy en la conferencia de prensa por parte de los ministros es nueva, según Dinarte, porque han sido expresadas en varios espacios, pero los miembros de la comisión encargada no convocaron a los personaremos para expresar sus observaciones.

El jerarca del Instituto Costarricense sobre Drogas informó que la ley tiene incompatibilidad con las obligaciones internaciones y puede tener implicaciones en salud pública y seguridad ciudadana.

“Se liberalizó el autoconsumo del Cannabis, eso se incorporó después. Y no hay forma de regular ese autoconsumo sin afectar los indicado”, expresó Dinarte. Según la ministra los problemas tienen solución para corregirlo y por eso será devuelto a la Asamblea Legislativa, porque al final hay artículos como el 25 y 26 donde se metieron avances que no fueron consultados con las demás autoridades.

“No podemos heredarle al país un proyecto que tenga inconvenientes”, agregó Dinarte.

Seguridad y agro

Michael Soto dio a conocer su preocupación de que las plantas para uso medicinal sean usadas para distribución mediante grupos de crimen organizado. “¿Cómo regulamos y cómo organizamos eso?”, se preguntó el ministro Michael Soto, quien indicó que la ley no prevé eso.

Según Soto estamos ante la amenaza de que “el crimen organizado utilice esto para abrir una puerta para legalizar el uso recreativo”, indicó.

Renato Alvarado, por su parte, informó que la investigación agronómica de 12 variedades que realizó el MAG encontró dificultades para la siembra del cáñamo y que en este momento no se tiene la capacidad para su industrialización.

“La parte agronómica no se está implementando, no tenemos el conocimiento necesario”, expresó. “Incluso tuvimos que parar la investigación porque la misma ley no permite avanzar”, agregó.

“Hay múltiples variedades, probamos 12 y sabemos que hay 32 variedades más. Eso debe definirse en la ley para no embarcar a los agricultores a producir algo que no puede ser sembrado bien o industrializado”, dijo Alvarado en la conferencia de prensa.

Además indicó que para competir con ese producto se de hacer por alto valor agregado y eso necesita claridad jurídica que no presenta esta ley.

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Legalidad

Según el director del ICE el proyecto además presenta roces con convenciones internacionales, como las que expresó LAJIFE, el organismo de la ONU que supervisa el tema. Según el jerarca los artículos 25 y 26 son incompatibles con los acuerdos internacionales y contraviene compromisos que el país ha adquirido.

Además dijo que el ICD no podría dar un certificado de que la siembra de cannabis o producto sea para uso medicinal porque la ley no se lo permite.

“Estamos a favor del proyecto, pero hacemos un análisis exhaustivo y responsable para que sea viable”, concluyó.

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