El Poder Ejecutivo desconvoca proyecto 23.331 para la venta del banco estatal de manera momentánea para revisar y analizar las observaciones que hicieron los diputados y la Contralora General de la República en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso.
Así lo informó hoy la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, quien expresó que se hace para “revisar las observaciones realizadas en el proceso de audiencias” de esa comisión.
Eso no quiere decir que el Gobierno desiste de la venta del Banco de Costa Rica, sino que se encontró con un proyecto que presenta una amplia lista de problemas legales, vacíos e inconsistencias, como expresó la contralora Marta Acosta en esa comisión legislativa.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, comunicó que la idea es construir un texto nuevo.
“Este proyecto tiene como objetivo acelerar el proceso para llegar a una relación deuda/PIB del 60%. Sin embargo, las observaciones que son de recibo, sugieren la conveniencia de retirar la iniciativa para hacer las modificaciones y profundizar el diálogo”, agregó Acosta.
Observaciones de la Contraloría
“Es necesario que en este tipo de iniciativas se establezca un esquema de control claro que involucre a los tomadores de decisiones y a las entidades de supervisión del Sistema Financiero Nacional, en procura de la seguridad jurídica y de mitigar los riesgos que conlleva un proceso de venta de esta índole”, declaró Acosta Zúñiga ante los diputados.
Finalmente, la atención de las observaciones específicas sobre vacíos e inconsistencias no hace la iniciativa viable en los términos planteados, toda vez que decisiones de esta trascendencia deben responder a una visión o marco integral de diseño institucional y el manejo de la deuda pública”, agregó la Contralora.
Además, expuso que la venta debe hacerse de todo el conglomerado del Banco de Costa Rica y no por pedazos, como propone Chaves. Según economistas y especialistas en finanzas, vender al banco en fracciones lo haría mucho más barato de lo que vale en su totalidad.
“No hay certeza, desde el punto de vista de la Contraloría, de cuál sería el impacto de este proyecto sobre la deuda, porque no hay información, digamos, más completa”, expuso.
Además planteó que podría encontrarse roces con la sostenibilidad financiera. “Nosotros vemos eventuales roces de constitucionalidad en relación con el 182 y con el 176, que tiene que ver con el principio de sostenibilidad y aquí hay que recordar que las cargas parafiscales, producto de las utilidades del BCR ya no irían a la Comisión de Emergencias, al IVM, etcétera, entonces ahí hay un tema de sostenibilidad financiera, porque tampoco hemos visto por parte del proyecto cuáles son las alternativas”, añadió Acosta.
La lista de Marta Acosta
Acosta expuso, en resumen, en la comisión los siguientes vacíos e inconsistencias:
- Tiene dudas sobre el beneficio de la venta del banco.
- El proceso de contratación para la venta presenta vacíos en plazos mínimos.
- También presenta vacío en la precalificación legal
- Asimismo, en los parámetros de selección de oferentes y qué tipo de garantías presentarían los interesados.
- Indicó que debe clarificarse el rol del Ministerio de Hacienda en este proceso.
- El proyecto carece de estudios de rentabilidad social
- Otra inconsistencia tiene que ver con que no se aplica el control de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, que es una normativa especial del Sistema Financiero Nacional.
- Tampoco se establece claridad en la aplicación de la Ley de Administración Pública.
- Presenta incoherencias en la formalización de la venta y no se establecen los ministerio encargados de emitir los reglamentos.
- Tampoco se establecen parámetros para las utilidades de las acciones residuales.
- Roces de constitucionalidad.