Diputados arriesgan ley de empleo público ante cambios hechos a última hora

Los diputados aprobaron por 32 votos a favor el informe de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad.

Congreso interior

Esteban Mata. El plenario legislativo aprobó por mayoría el informe que pide un nuevo texto para la ley de Empleo Público, sin embargo, opositores al plan alertan sobre la necesidad de discutir la propuesta reformada para evitar más inconstitucionalidades.

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En sencillo, los diputados aprobaron por 32 votos a favor el informe de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, que plantea un nuevo texto en el que se corrijan los 35 yerros constitucionales señaladas por la Sala IV, pero estos errores debían modificarse con transparencia, en la comisión que dictaminó el proyecto originalmente.

Ante esto, diputados como José María Villalta y Paola Vega, advirtieron que los cambios para generar un nuevo texto, no podían llevarse a cabo por los diputados de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, menos aún, si entre esos cambios, se incluían nuevas tesis de aplicación de la ley.

Y así lo hicieron, pues los legisladores incluyeron alcances para la Asamblea Legislativa que no estaban contemplados en el texto que se consultó a la Sala.

Por su parte, el diputado Pedro Muñoz, también se sumó a las críticas hacia el trámite del proyecto de ley y aseveró que de seguir este camino, el único futuro para la iniciativa estrella del Poder Ejecutivo es la inconstitucionalidad.

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“No solo el procedimiento es incorrecto, sino que el texto sustitutivo propuesto por la mayoría de diputados mantiene falencias significativas, que tendría un costo mayor para los costarricenses. Este proyecto así como está y con el procedimiento que están siguiendo los demás diputados, no solo es inconstitucional, sino que se desconoce el costo que tendría en las finanzas del país”, apuntó Muñoz.

La propuesta del Ejecutivo, plantea según la ministra de Planificación Pilar Garrido, un ahorro de ¢309 mil millones al año, una cifra que, sin embargo, carece de asidero técnico o justificación alguna, pero que se ha vuelto una excusa para acelerar un proceso de transformación del aparato de empleo estatal.

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