Diálogo ciudadano pugna por pérdida de beneficios a evasores fiscales, así como uso de reservas contra crisis

Gobierno y Sociedad Civil parecen coincidir en propuestas contra la evasión y fraude fiscal, pero no así con el uso de las reservas internacionales del país.

La Mesa Intersectorial que impulsa el Gobierno se enfrenta ante dos demandas álgidas de la sociedad civil que ponen el asunto más complejo: castigos más fuertes para quienes evadan o eludan impuestos y un llamado hacia el uso de las reservas monetarias del Banco Central.

El primer punto busca “presentar proyectos de ley que impongan a los condenados por fraude a la Hacienda Pública la pérdida temporal de subvenciones, beneficios fiscales, entre otros”, según informa Presidencia.

El combate al fraude fiscal parece ser un punto de acuerdo entre la mayoría de sectores y supone proyectos de Ley que den herramientas, además de Hacienda Digital -que ya obtuvo su votación favorable en primer debate en el Congreso-, a la Hacienda Pública para lograr evitar la evasión y elusión.

Según el reporte del Gobierno, “se acordó solicitarle al Poder Ejecutivo promover una reforma ante la Asamblea Legislativa que imponga a los condenados por fraude a la Hacienda Pública la pérdida temporal de subvenciones, beneficios fiscales o en las cargas sociales, así como la inhabilitación para participar en procedimientos de contratación administrativa”.

También, como parte de las propuestas presentadas, “se acordó pedirle con urgencia al ministerio de Hacienda, al BCCR, al Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y otras instancias especializadas, que actualicen de forma anual los estimados de brechas e incumplimientos en evasión y elusión respecto al Producto Interno Bruto (PIB), según impuestos, pues no se puede seguir utilizando genéricamente el dato de 8% del PIB”.

Por otro lado, los sectores coincidieron en que se prohíba la participación de empresas nacionales en paraísos fiscales. En palabras de Presidencia, que se “prohíba la actividad económica en jurisdicciones no cooperantes (paraísos fiscales) de personas funcionarias públicas, e incluya todas las inversiones en el extranjero en la Declaración Jurada de Bienes de personas funcionarias públicas ante la Contraloría General de la República”.

En ese punto parece no haber desacuerdo fundamental, pero algunas propuestas inquietan al Gobierno, principalmente en cuanto a la iniciativa para que el Estado use sus reservas internacionales en la atención de la crisis fiscal.

El Ministerio de Hacienda hizo énfasis en la pérdida de confianza entre los inversionistas internacionales y agencias de calificación.

El cuestionado presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, defendió el punto de esta manera:

“¿Qué es lo que pasaría si nosotros en esta situación, usáramos las reservas del Banco Central para financiar al Gobierno? ¿Qué es lo que podríamos generar? Si nosotros empezamos a jugar con esas reservas y las usamos para lo que no están hechas, lo que podemos ganar es una pérdida absoluta de confianza en la capacidad del Gobierno de pagar, de hacer frente a sus pagos y en la capacidad del Banco Central de intervenir en el mercado cambiario cuando realmente lo necesita hacer. Y eso genera esas pérdidas de confianza. Pueden generar ataques especulativos o profecías autocumplidas vía expectativa”, explicó.

Según el Gobierno, para más ahondar, su uso “aumenta significativamente la probabilidad de tensiones en el mercado cambiario y materializa la dilapidación y posiblemente el agotamiento de las reservas monetarias internacionales”.

Los economistas coinciden en esa posición riesgosa para el país, en un momento donde parece que las soluciones parecen conducir en otras direcciones, como controlar el desbalance entre los ingresos y egresos del Estado.

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El jerarca del Banco Central expuso que las reservas del Banco Central “están invertidas en instrumentos de renta fija, como bonos o depósitos que sean seguros y muy líquidos, con una baja exposición al riesgo”.

Esta discusión apenas empieza, este sábado se analizará el tema de los activos del Estado, lo que permitirá continuar con subtemas relacionados al tema del déficit fiscal, un problema que tiene al menos tres décadas de existir de manera profundizada por el exceso de endeudamiento.

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