La Mesa Intersectorial que impulsa el Gobierno se enfrenta ante dos demandas álgidas de la sociedad civil que ponen el asunto más complejo: castigos más fuertes para quienes evadan o eludan impuestos y un llamado hacia el uso de las reservas monetarias del Banco Central.
El primer punto busca “presentar proyectos de ley que impongan a los condenados por fraude a la Hacienda Pública la pérdida temporal de subvenciones, beneficios fiscales, entre otros”, según informa Presidencia.