Día internacional de los pueblos indígenas se celebra con mayor inversión pero con una gran deuda por delante

Aunque cada 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y, a pesar de representar el 5% de la población mundial, siguen siendo los grupos más desfavorecidos y vulnerables.

Sin embargo, diversas instituciones como el AyA, ICE, IMAS e Inder se han unido para articular esfuerzos con el objetivo de disminuir la brecha de desigualdad que afecta a estos grupos con respecto al resto de la población.

Con el objetivo a garantizar el acceso al agua potable en los territorios indígenas y aún más en un marco de declaratoria de emergencia por pandemia, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) invierte ₡1.996 millones en 11 proyectos.

Actualmente, se desarrollan cuatro proyectos ubicados en el territorio indígena Zapatón (Puriscal de San José); Akberie y Batallón (Bribri de Talamanca); San Miguel, San Vicentes y Sibujú (Cabécar de Talamanca); y Altamira (Punta Burica de Golfito).

En abril de este año el AyA concluyó tres proyectos para cerca de 200 habitantes de comunidades indígenas cabécar, en los pueblos Alto Bley y Beckbätä (territorio indígena Telire de Alta Tamanca) y en Kuchey (territorio indígena Tayní de Valle de la Estrella).

Asimismo, el  Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) benefició a 6.952 familias indígenas con una inversión social de ¢3.128.756.146, lo que representó 2.762 familias más que el año anterior con  ¢1.790 millones adicionales.

El Área Regional Brunca registra la mayor inversión presupuestaria con ¢1.451.674.402, seguida de la Huetar Caribe con un monto de ¢1.108.989.153 y Cartago con una ejecución de ¢428.866.000.

Además, de ¢169.932.000 a la atención de la niñez entre los 0 y los 12 años en las “Casas de la Alegría”, una modalidad de atención dirigida a 887 niñas y niños indígenas, cuidando y respetando su cosmovisión, donde al menos debe laborar una persona que hable su idioma y el menú se adapta a su dieta.

Por otra parte, el  Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) avanza en la dotación de los servicios de telecomunicaciones y electricidad en comunidades indígena, con una inversión de $47,9 millones para beneficiar a 36.000 personas en Zona Sur y Atlántica.

Esto por medio de programas como: Comunidades Conectadas de FONATEL y Electrificación Rural con Fuentes Renovables.

Alrededor de 36.000 personas de 14 territorios de estas regiones se beneficiarán con los servicios de banda ancha y telefonía fija y móvil que brindará el Instituto.

Mediante Imagine Light Talamanca, habitantes de Alto Talamanca y Alto Telire están siendo dotados de electricidad con sistemas fotovoltaicos, para el 2020 la meta es instalar 178 sistemas nuevos en estas comunidades.

Por último, el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) invirtió ₡1 584 millones en proyectos de mejoramiento de caminos, electrificación y proyectos para el fomento de la producción agropecuaria son parte de las iniciativas.

Algunos de los territorios beneficiados son Matambú, Tayní, BriBri, Cabecar, Kekoldi, Comte Burica, entre otros, para el beneficio de dos mil familias con 12 proyectos diferentes.

Las iniciativas cuentan con el apoyo de los respectivos Consejos Territoriales de Desarrollo Rural y buscan brindar una mejor calidad de vida de los habitantes indígenas. 

Los proyectos incluyen mejoramiento de vías de comunicación, electrificación, construcción de infraestructura escolar. Además, el Instituto entregó insumos, herramientas y semillas para fomentar la producción agropecuaria.

La gran deuda

No obstante, no todo es positivo ya que los pueblos indígenas siguen sufriendo por la apropiación de sus tierras  por parte de personas no indígenas y, de la persecución permanente que viven como resultado de su lucha por la recuperación del territorio.

Pues a pesar de que la Ley Indígena 6172 de 1977, en su artículo 3, establece que las tierras de estos territorios “son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitany que los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas“, esto es algo que sigue sin cumplirse.

Sin embargo, el Gobierno no ha logrado atender esta problemática de una forma integral, con políticas que protejan y promuevan el cumplimiento de esta ley más allá de un papel, por lo que aún durante este año estas comunidades han enfrentado situaciones de violencia que han culminado con muertes de sus dirigentes.

Los no indígenas tienden a amenazar de muerte y violencia a los que se manifiestan para recuperar las tierras que por ley les pertenecen, pero que el Gobierno aún adeuda una respuesta real y efectiva para solucionar dicho conflicto.

Dos asesinatos suma la historia en los últimos años por este conflicto, la de Sergio Rojas, aún no resuelta, y la de Jerhy Rivera recientemente, cuyo causante se entregó a las autoridades y ahora está en la vía judicial. Primero fueron los pueblos Bröran y Bribri, luego los Borucas y Cabécares y recientemente también los Malekus llevan procesos para recuperación de tierras que están en territorios indígenas, pero fueron vendidas de manera ilegal mediante procesos viciados en décadas anteriores.

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