Denuncian que tesorero y otros jerarcas de la Uccaep deben ₡284,4 millones a la CCSS

No es la primera vez que directivos de las cámaras empresariales son cuestionados por malos manejos empresariales en contra de la seguridad social del país.

Directivos de la Unión de Cámaras de la Empresa Privada (UCCAEP) debe a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) la cantidad de ₡284,4 millones por falta de pagos del seguro social.

Un tesorero con un cuestionable pasado

La bananera “La Chánguina”, cuyo dueño es el tesorero de la Uccaep, Óscar Echeverría Heigold, es quien debe una mayor cantidad a la seguridad social del país, como el monto de más de ¢210 millones. También debe más de ¢3 millones por la empresa “Ríos Minerales S.A.” en la que funge como presidente.

Este reporte fue realizado por Roberto Mora Salazar, conocido como el “Defensor de la Caja”, quien reporta a los deudores de la CCSS en su blog.

Echeverría Heigold es quien en el pasado logró sacar un centenar de familias con la Fuerza Pública, por resolución judicial, de dos fincas que arrienda en Palmar Sur (La Chánguina), a principios de febrero de 2016. En ese entonces, hace 4 años, Óscar Echeverría tenía una deuda con la CCSS por ¢408 millones, lo que parece ser un hábito en la administración de sus negocios.

Pero eso no es todo, el empresario recibió del Estado costarricense en 2002 un incentivo por caja de banano exportada por $1.7 millones (unos ¢970 millones al tipo de cambio actual), un subsidio dado para cumplir los compromisos de los exportadores con la CCSS, pero el señor Echeverría Heigold siguió manteniendo sus deudas, hasta hoy.

Como cereza en el pastel, este empresario habría quedado debiendo más de $6.7 dólares (cerca de 4.000 millones de colones al tipo de cambio de entonces) al extinto Banco Anglo Costarricense, según reportes de 2016 y no se tiene noticia de que haya pagado esa deuda.

Otros deudores de la Uccaep

Además, Mora Salazar reportó que la primera vicepresidenta de la Uccaep, Maritza Hernández Castañeda, debe como presidenta de Inversiones Bosi y Asociados, debe a la CCSS la cantidad de 6,975,184.00.

Similar sucede con Muni Figueres, hermana e hija de dos expresidentes del país, quien es secretaria de la Uccaep y vicepresidente de Restaurantes ORFI, empresa que debe 1,682,032.00 a la CCSS.

Después hay deudas menores de otros dos miembros de la entidad, en este caso de Efraín Schifter y Roberto Fiat, fiscal y subtesorero de la unión de cámaras del país, respectivamente.

“Con qué autoridad moral de parte de este grupo de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) se presentan ante Usted para dar lineamientos de cualquier tipo, si importantes personajes de su junta directiva se encuentran atrasados con nuestra Caja Costarricense de Seguro Social por un monto de ₡284,449,075.00 por concepto de cuotas obrero patronales“, escribió Roberto Mora, conocido como el “Defensor de la Caja”, en una carta abierta dirigida al presidente Carlos Alvarado.

No es la primera vez que directivos de las cámaras empresariales son cuestionados por malos manejos empresariales en contra de la seguridad social del país.

En días pasados la presidenta de la Cámara de Exportadores (Cadexco), Laura Bonilla Coto, fue denunciada por oponerse a las medidas sanitarias que impulsaban las autoridades de Salud y días después aparecieron decenas de trabajadores contagiados en sus empresas agro-exportadoras en la Zona Norte, donde se dio el disparador de casos que mantenemos hasta hoy. Por supuesto, si no se cumplen medidas y se mantienen condiciones de semi-esclavitud laboral lo lógico es que haya contagio exponencial.

La denuncia de Mora Salazar y otros ciudadanos costarricenses viene a colación porque la Uccaep ha estado presionando al Gobierno para que desista de medidas restrictivas y abra los mercados. Incluso han presentado documentos al Gobierno donde exigen y se oponen a proyectos legislativos de bien ecológico y social.

Es una práctica política común en los países latinoamericanos que los grupos de presión y de interés -como los sindicatos y las cámaras empresariales- quieren imponer a los gobiernos sus agendas en beneficio de sus grupos. En el pasado reciente de Costa Rica, la práctica común ha sido que los empresarios políticos o políticos empresarios incursionen en los diferentes gobiernos para ejercer influencia en las decisiones de los gobiernos, incluso para manejos corruptos con los grandes fondos de inversión pública.

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