Tráfico de influencias y prevaricato son los delitos que habría cometido Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS, según una denuncia de a Federación Costarricense de Sindicatos de la Seguridad Social (Fetrass) ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público.

La denuncia busca establecer que Esquivel habría intervenido para lograr que una deuda con la CCSS de su allegada Carolina González hubiera prescrito, mediante la resolución de un recurso de apelación y revocatoria que Esquivel decidió.

Carolina González es la actual directora Actuarial y Económica de esa institución y una aliada de Esquivel en su defensa de su versión del manejo de las finanzas de la CCSS que no coincide con la de el anterior ex jerarca, Álvaro Ramos, la mayoría de los diputados y otros especialistas. Está incluso por resolverse una auditoria externa de la OIT.

En palabras simples, Carolina González habría recibido más de 21 millones de colones en salarios que no le correspondían como funcionaria. Ese dinero debió ser devuelto a la CCSS, sin embargo González presentó un recurso de apelación donde sostiene que la deuda ya había prescrito. Ese recurso lo decidió la presidenta ejecutiva Marta Esquivel de manera favorable para González, quien luego se asumiría como aliada de Esquivel para darle razón en su criterio sobre las finanzas de la CCSS. Sin embargo, según Fetrass la deuda no había prescrito y al demostrarlo demuestra que Esquivel pudo haber actuado con posible tráfico de influencias y prevaricato.

Según informó el Semanario Universidad, la Presidenta Ejecutiva de la Caja debió referirse al reclamo por “pagos improcedentes” por más de ¢21 millones que entre 2014 y 2021 devengó la actuaria y determinó que se trata de un “proceso administrativo” que “tiene más de cuatro años de, en apariencia, haber ocurrido”, por lo que “ya ha operado la prescripción del asunto”.

Sin embargo, la Fetrass defiende que el punto de partida a partir del cual corre el plazo para la prescripción es “el momento en que la denuncia o el informe que recomiende la apertura de un procedimiento administrativo tendiente a determinar la responsabilidad civil, se ponga en conocimiento del jerarca o el funcionario competente para incoarlo”.

La denuncia, compartida por el Semanario, indica que “para efectos de recuperación de sumas dinerarias pagadas en exceso o indebidamente reconocidas por parte de la Administración Pública” y que la Ley General de Administración Pública en efecto establece “un plazo de cuatro años como límite para gestionar la acción cobratoria respectiva”.

Según la denuncia, “fue en 2021 que la Subárea de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección de Administración y Gestión de Personal, informó por escrito a la funcionaria Carolina González del “pago improcedente” de ¢21.305.084,90”.