De acuerdo con la defensa del presidente Carlos Alvarado en el caso Upad, la apertura de una acusación en este momento es precipitada, porque ellos no conocen el expediente, uno nuevo que fue abierto este año y no corresponde al que venían tramitando del año anterior.
Más grave aún es que, denuncian los abogados, todavía no se ha abierto todo el material decomisado en el allanamiento de Casa Presidencial, entre archivos impresos, teléfono, ‘llaves maya’ y computadoras. ¿Entonces para qué el allanamiento en Casa Presidencial?, se cuestionan.
La Fiscalía allanó Casa Presidencial justificando que necesitaba información “fundamental” para el caso que estaba en ese lugar, sin embargo ahora no están usando esa información, alegan los abogados.
Según la defensa del mandatario Alvarado, la acusación que solicita el fiscal general, Warner Molina, no ha sido notificada a ellos, quienes además se enteraron por la prensa.
En función de lo anterior, la defensa no puede emitir un pronunciamiento sobre cuál es la acusación porque ni han sido notificados ni conocen el nuevo expediente que extrañamente fue abierto sin comunicar a la defensa.
“Los expedientes penales son cosa muy seria y deben tener única y exclusivamente como objetivo investigar hechos y determinar si se cometió o no un delito. La utilización del proceso penal con otros fines no es propia de un Estado democrático de derecho”, expresaron los abogados en una manifestación pública.