De nuevo acusan a los bancos y jerarcas de retrasar normativa que beneficia a los costarricenses

Mediante argucias, las organizaciones que defienden intereses de los bancos han retrasado la aplicación de leyes importantes como la de usura y la de datáfonos.

Victoria Hernandez MEIC

Una vez más diputados y ciudadanos denuncian que los bancos acuden a argucias legales, en complicidad con jerarcas de las instituciones del estado, para retrasar la aplicación de nuevas leyes y normativas que benefician a las personas.

Según se informó, desde el pasado 16 de diciembre se publicó en La Gaceta el “Reglamento de las Operaciones Financieras, Comerciales y Microcréditos”, con un transitorio que planteó la inmediata aplicación de ese reglamento en un plazo máximo de 3 meses. El plazo pretendía dar tiempo a las entidades bancarias para homologar contratos y prepararse administrativamente.

Sin embargo, el pasado miércoles 16 de marzo venció ese plazo y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio retrasó dicha aplicación porque la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras solicitó la demora para realizar sus propias observaciones.

Este reglamento “tiene como objetivo reglamentar las disposiciones vinculadas a las operaciones financieras, comerciales y microcréditos que se ofrezcan al consumidor ante la aplicación de la Ley contra la Usura crediticia“, detalló el despacho del diputado Welmer Ramos, impulsor de la iniciativa.

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Según los defensores de esta normativa, eso afecta la correcta aplicación de la ley contra la usura bancaria y para tener una metodología clara que defina la tasa de interés máxima que no puede ser superior a la establecida en la misma ley. Es decir, retrasa el rebajo de los intereses a los créditos de los costarricenses, mucho tiempo después de que fue aprobada la ley.

“No es de recibo que, por cualquier circunstancia, se le siga dando largas a la plena aplicación del reglamento. Toda demora afecta principalmente a los usuarios de créditos en nuestro país, lo cual se torna más grave si consideramos la situación de sobreendeudamiento que sufren los hogares costarricenses y que se profundiza con la crisis. Es imprescindible que no se retrase ni un día más, la aplicación de la ley”, declaró el diputado en una carta enviada a la ministra del MEIC, Victoria Hernández.

Pero esta no es la primera vez que los intereses bancarios, en contubernio con instituciones del estado como el MEIC o el Banco Central -declara el diputado Welmer Ramos- pretenden retrasar la correcta aplicación de esta ley que vendría a ahorrar millones de colones a quienes tienen créditos.

Con datáfonos ha sido igual

Meses atrás sucedió algo similar, cuando el Banco Central esperó hasta el último momento para publicar el reglamento para aplicar la rebaja en las comisiones excesivas que tenía el uso de los datáfonos para tarjetas de crédito y débito.

Según denunció Luis Carlos Olivares, en un artículo publicado en este medio, para el 28 de diciembre todavía se estaba dando largas al rebajo adecuado de las comisiones, “siendo ya tiempo para que el Banco Central determine las nuevas comisiones máximas, las cuales se esperaba fueran, para este momento de 1.75%, (pero) la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) ha incidido para que se retrase la rebaja hasta el año 2024 y ha presentado una solicitud para que la División de Pagos del Banco Central sea retirada del proceso de fijación de comisiones máximas aduciendo que “es juez y parte” en el proceso“, escribió el economista.

“En primer lugar, dichas solicitudes no solo vienen en franco detrimento de la continuidad de los beneficios que está promoviendo la aplicación de la ley, para los consumidores y las pequeñas empresas, sino que, tácitamente, están minando la autoridad de la institución que por ley de la República y por competencia técnica, fue facultada para la realización de tales rebajos“, explicaba Olivares.

El reglamento para disminuir las comisiones y aplicar la “Ley de Datáfonos” fue publicado desde el 23 de setiembre de 2021 (como informamos), pero aún en diciembre estaba en disputa por las razones expuestas por Olivares.

Pero es no es todo, incluso los bancos se atrevieron -incluyendo al Banco Nacional- a establecer un cobro adicional de ¢20.000 por el uso de los aparatos, lo que el diputado Ramos luego denunció como ilegal.

Lamentablemente ni la Cámara de Consumidores, ni las instituciones del estado (MEIC y Banco Central) parecen mostrar interés en proceder con eficiencia y fuerza a favor de los usuarios.

Por otra parte, el diputado Welmer Ramos presentó un nuevo proyecto de ley para corregir, en sus palabras, lo que serían vacíos que no se pudieron impulsar en la ley de usura original:

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