Estas son las principales críticas que se hacen al plan fiscal impulsado por el Ejecutivo

Agenda fiscal del Gobierno nació muerta
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El plan fiscal impulsado por el Ejecutivo mediante 5 proyectos de ley en la Asamblea Legislativa trajo consigo una serie de cuestionamientos de las diferentes fracciones legislativas, pero también de organizaciones de la sociedad civil.

Aquí hacemos un recuento de las 6 principales críticas que se hacen hasta el momento a las propuestas emanadas desde el Ministerio de Hacienda y lideradas por Nogui Acosta con el apoyo del presidente Rodrigo Chaves.

Aumento del 5 al 30% del impuesto de la renta. La conocida como renta global afecta tanto a las grandes empresas como a las micro, pequeñas y medianas que intentan salir adelante. El presidente sostiene que solamente afecta a los grandes elusores del impuesto, pero los diputados y grupos sociales insisten que la MIPYMES también tendrán que enfrentar un aumento desproporcionado de ese impuesto, de una nueva carga impositiva que va en contra de la reactivación económica. Además, luego el ministro Acosta tuvo que rectificar luego con el monto mínimo para el pago de este impuesto a los asalariados, quienes pasarán a pagar un 30% si ganan más de ¢972.000 colones.

En este rubro también destaca que las personas con ingresos extras por concepto de alquileres u otros trabajos que realice aparte de su salario, tendrán que pagar hasta el 30% sobre esas utilidades, es decir, un impuesto adicional.

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Reforma tributaria concede a Hacienda potestades abusivas. Según algunos diputados, como Eli Feinzaig del PLP, uno de los proyectos establece potestades abusivas a la Tributación del Ministerio de Hacienda que afecta principalmente a quienes no pueden defenderse, es decir, a micro y pequeñas empresas que no pueden evitar la confiscación de documentos cuando así lo necesite o cuando no tenga recursos para una defensa legal accesible. El proyecto permite a Hacienda confiscar documentos e intervenir empresas sin la orden de un juez, lo que incluso podría ser inconstitucional o ilegal según el marco judicial costarricense.

Eliminación de exoneraciones a productos para discapacitados. Una de las principales críticas que se hace es el nuevo impuesto del 2% a los implementos para personas con discapacidad, desde las sillas de ruedas, pasando por los anteojos y terminando en bastones, muletas y otros. Nogui Acosta quedó muy mal parado cuando dijo, tratando de justificar este nuevo impuesto, que “los pobres no se organizan” y son los pobres quienes en su mayoría enfrentan los problemas de discapacidad.

Eliminar exoneración parcial a tiquetes aéreos. El precio de los boletos aéreos para extranjeros que visitan Costa Rica aumentará de precio, porque en lugar de pagar un 2% ahora tendrán que pagar un 13%. Esta medida afecta directamente al turismo y la reactivación económica en este sector que produce además muchos encadenamientos en pequeñas empresas locales.

La exclusión de la leche de fórmula de la canasta básica (que paga un 2%). La leche de fórmula es fundamental para una buena alimentación de bebés que no pueden recibir leche materna por razones médicas o bien que la necesitan como complemento alimenticio. Es un bien fundamental que utilizan cientos de miles de familias pobres, lo que claramente afecta a los padres de familia en su labor de crianza, pero también maltrata a una población vulnerable de la sociedad, como lo son los bebés, sobre todo quienes nacen en cuna de pobres. Este producto pasará de pagar un 2% a un 13% de IVA.

El nuevo cálculo para el pago del impuesto a los vehículos. Según las críticas que se plantean se trata de una nueva metodología que va a encarecer el pago del marchamo, porque se calculará la depreciación de los vehículos de una manera distinta que afecta principalmente a los más viejos.

Aún los diputados y organizaciones mantienen en estudio los proyectos de ley para medir su aprobación, sin embargo, la iniciativa parece que nació muerta, porque en el Congreso solamente el oficialismo la apoya.


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