Convenio AnCham-MEP no es de informática educativa pero abre las puertas para programas específicos
El convenio AnCham-MEP que firmaron las primas Ana Katharina Müller, ministra de Educación Pública, y Silvia Castro, presidenta de la Cámara Norteamericana-Costarricense de Comercio (AnCham), es fundamentalmente un convenio marco, lo que quiere decir que indica generalidades para luego abrir las puertas a otros convenios o programas.
Ayer la empresaria Silvia Castro salió al paso de declaraciones de la diputada Kattia Rivera sobre ese convenio. Negó que el acuerdo sea con el propósito de asumir el tema de la informática educativa del MEP, sino que se trata de “un convenio marco” para futuros proyectos. La legisladora Rivera adujo en plenario que ese convenio había sido suscrito para sustituir a la Fundación Omar Dengo de la administración del PRONIE.
El CSE decidió en su última reunión eliminar el Programa Nacional de Informática Educativa (PRONIE), administrado por la Fundación Omar Dengo, y crear uno nuevo que fundamentalmente queda en el aire, porque no tiene un administrador o ejecutor por el momento, excepto lo que pueda realizar el mismo Ministerio de Educación con el equipo y recursos que tiene. Es decir, la ministra Müller presentó un programa vacío aún y con la promesa de subsanar los problemas que la Contraloría, FLACSO y el MEP detectó en el PRONIE.
Según el convenio, su objeto es “establecer un vinculo de cooperación entre el MEP y la AMCHAM, para satisfacer la necesidad publica de promover el desarrollo socioeconómico del país mediante la realización de acciones estratégicas conjuntas que favorezcan el mejoramiento de la calidad de la educación costarricense y el cierre de brechas de talento“.
Evidentemente, al ser el marco de otros eventuales convenios, programas, actividades o proyectos, cuando se habla de “brechas de talento” la referencia es usualmente al tema tecnológico e informático, donde los alcances por acceso a equipos y conexión son desiguales en la población educativa, la famosa brecha tecnológica.
Pero el convenio lo dice explícitamente en los “compromisos de las partes”, cuando afirma que tanto el MEP como la AnCham deben “acordar los términos, condiciones, objetivos, metas e instrumentos de medición de resultados para la posterior suscripción de Convenios Específicos para el desarrollo de actividades, programas y proyectos derivadas de este Convenio Marco de Cooperación”.
“El convenio de las primas”, como se le ha definido en el argot político, que fue firmado desde noviembre de 2022 y tuvo una votación de 5 a 1, con la oposición del representante de la Universidad de Costa Rica en el Consejo Superior de Educación (CSE), obliga a la creación de un equipo técnico para “acordar y ejecutar los términos, condiciones, objetivos, metas e instrumentos de medición de resultados” de esos convenios específicos, actividades, programas o actividades.
El principal objetivo de ese equipo técnico es “velar por el cumplimiento de los objetivos establecidos en el presente Convenio y en el Convenio Especifico“, evidentemente el convenio específico que más adelante podría acordarse entre las partes.
Queda claro que el convenio marco con la AnCham, aunque no es específico y concreto, puede ser la antesala de un convenio o programa específico que se podría establecer con los socios comerciales de esa cámara de comercio, entre ellos la Ulacit, universidad cuya propietaria es Silvia Castro, la prima de la jerarca de Educación. Por esos las suspicacias legislativas y de la población sobre estos convenios entre familiares que representan intereses públicos y privados.
