El Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) es un programa del Consejo Nacional de la Producción de gran importancia porque permite incentivar y comprar productos agrícolas a micro, pequeñas y medianas empresas productoras directamente, en lugar de acudir a intermediarios o grandes oligopolios productivos.

Sin embargo, el PAI no funciona como debería porque según la auditoría de la Contraloría General de la República, la institución presenta un “evidente incumplimiento en incorporación de suplidores y asignación de cuota de mercado (negrilla del original)”.

Pero además, tampoco “se realizan estudios para conocer la composición del mercado por región, para atender demanda y contribuir al reparto de beneficios”, de forma similar “no se evidencian criterios empleados para asignación de cuotas de mercado” y “se desconoce la razonabilidad de la escogencia de un suplidor por sobre otro”.

Es decir, no existen criterios técnicos, de procedimiento, estudios y formas concretas para asignar el beneficio de la compra de esos productos agrícolas que son usados en centros educativos, principalmente, así como otras instituciones del estado costarricense que el CNE suple.

“Tampoco constan criterios aplicados para decidir sobre la cantidad de puntos de entrega que se asignan a cada suplidor”, detalla el informe.

Según el órgano contralor, en el 2020 el 19.6% de las compras del PAI se realizaba a suplidores secundarios, para el 2022 estos representan un 49%. Ese aumento revela que, en según el criterio contralor, se da una “asignación y/o reasignación de mercado discrecional e injustificada; así como a la posibilidad de otorgar ventajas o tratos preferenciales”.

La inversión de ₡35.706 millones que realiza el CNP estaría significando en lugar de distribuir ampliamente las compras en muchas pequeñas empresas, lo que sucede es que se reducen con posibles intermediarios como posibles “ventajas o tratos preferenciales”, porque un 42% de las compras del CNP en 2022 se realizó a solamente 38 empresas que suplen esos productos comestibles.

Hoy 76 suplidores de 387 representan más de la mitad de compras (63%), lo que confirma que la distribución de los beneficios cada día es más para los grandes y menos para una amplia plataforma de productores.

Dice la Contraloría que “la mayoría de los beneficios del Programa no se reciben de manera directa por parte de los productores prioritarios, siendo así que la participación de suplidores con actividades de acopio y distribución del producto tiene una tendencia a incrementarse”.

El informe completo indica que el “las situaciones evidenciadas no contribuyen a cumplir con lo señalado en el artículo 50 de la Constitución Política, en el cual se establece que el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”, establece el informe de la CGR.

En síntesis, el PAI es una gran iniciativa con excelentes intenciones que se practica mal por ausencia de controles y criterios técnicos aplicados para que tenga éxito.