Congreso rescata proyecto que evita negocios en paraísos fiscales a jerarcas del Estado
A favor de la medida votaron 40 diputados. En contra votó el socialcristiano Pedro Muñoz, quien ayer perdió la contienda electoral interna en su partido político.
Los diputados de la República revivieron un proyecto de ley que prohíbe que altas jerarquías del Estado puedan tener negocios en paraísos fiscales.
Los legisladores decidieron otorgar un nuevo plazo cuatrienal al expediente 20.437 que plantea, entre varios puntos, que las altas jerarquías del Estado no puedan mantener cuentas abiertas en entidades financieras ubicadas en países o jurisdicciones que sean considerados por la Administración Tributaria del Estado como jurisdicciones no cooperantes en materia tributaria.
A favor de la medida votaron 40 diputados. En contra votó el socialcristiano Pedro Muñoz.
La prohibición de ley aplica para la Presidencia o las Vicepresidencias de la República, magistraturas del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), ministros, viceministros, diputados, alcaldes, Contralor y subcontralor de la República, defensor y defensor adjunto (a) de los habitantes, procurador y procurador adjunto, fiscal general, presidentes ejecutivos e integrantes de juntas directivas, gerentes, subgerentes, subdirectores del sector público de las instituciones autónomas, semiautónomas, empresas públicas y todo ente público estatal.
Asimismo, rige para los superintendentes e intendentes de entidades financieras (Sugef), de valores (Sugeval), de seguros (Sugese) y de pensiones (Supen), subgerentes, contralores, subcontralores internos, auditores, subauditores internos (as) de la Administración Pública y miembros de juntas directivas de Bancos Estatales.
El proyecto plantea, además, que los funcionarios mencionados no podrían tener participaciones económicas, ser accionarias en personas jurídicas de cualquier naturaleza o ser miembros de juntas directivas de sociedades mercantiles u otras entidades de derecho privado en países catalogados como paraísos fiscales.
En caso que un alto jerarca del Estado incumpliera la medida, sería sancionado con prisión de dos a cinco años de prisión.
El proyecto fue una de las recomendaciones de la Comisión de Papeles de Panamá, también fue uno de los acuerdos de la Mesa de Diálogo Multisectorial convocada por el Gobierno. Lamentablemente el Poder Ejecutivo no ha querido cumplir ese acuerdo
