Conflicto entre la CCSS y Hacienda se atiza por aseveración de Aguilar sobre incumplimiento de ley

En la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa la ministra de Hacienda Rocío Aguilar acusó a Román Macaya de haber incumplido la ley en la negociación con los sindicatos de salud.

Según Rocío Aguilar, Macaya asume la responsabilidad por haber firmado el acuerdo, en el que el Presidente Ejecutivo de la CCSS postergó la aplicación de la regla fiscal a una decisión judicial.

Aguilar sostuvo que el acuerdo violentó la ley: “Evidentemente un acuerdo que es contrario a lo que este congreso aprobó en ese título III no podría ser un acuerdo válido en nuestro sistema jurídico”, expresó.

Ante la pregunta del diputado liberacionista Rodolfo Thompson sobre si Macaya incumplío la ley, ella respondió: “La ley debe cumplirse y no podemos, excepto el legislador, interpretarlas, ni derogarlas o modificarlas desde el Ejecutivo”.

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“El presidente ejecutivo de la CCSS no cumplió con lo estipulado en el título III de la ley“, aseveró Aguilar. La ministra de Hacienda, además, expresó que Macaya había expresado los problemas tecnológicos que tenían para la aplicación de la ley.

La firma del acuerdo, según Aguilar, no se planteó en el Consejo de Gobierno. “Me sorprendí cuando encontré las firmas de mis colegas, pero ese tema no es un acto del Consejo de Gobierno”, informó. “La Caja, en su autonomía, lo pudo hacer, y los ministros actuaron por sí mismos, no como Consejo de Gobierno”, agregó.

La respuesta de Macaya

Macaya, por su parte, emitió hoy un comunicado en el que considera que “estas afirmaciones lesionan mi honorabilidad y me sorprende que haga una alusión personal directa a mi persona cuando la Caja es mucho más que una persona y en las negociaciones sindicales participó un equipo con representación del más alto nivel del poder ejecutivo”, en alusión a que participaron también Víctor Morales, ministro de la Presidencia, Steven Núñez, entonces ministro de Trabajo y Randall Otárola, asesor de la Presidencia.

Según el comunicado, Macaya expresó que las decisiones que se tomaron “fueron colegiadas y con el más estricto apego a la ley, siempre priorizando la vida y la salud de los pacientes”.

La CCSS ha defendido mediante comunicados, en los últimos días, que la entidad sí está aplicando las acciones que exige la Ley 9635, conocida como “Reforma o Plan Fiscal”, principalmente en temas como la aplicación del impuesto a los salarios altos, la dedicación exclusiva y prohibición, y agrega que este mes trabaja en la normalización de todos los componentes salariales regulados por la ley citada.

El director a.i. de la Dirección de Administración y Gestión de Persona de la CCSS, Wálter Campos, indicó también que tanto los medios de comunicación como actores interesados pueden solicitar información para comprobar que la CCSS está cumpliendo con la normativa.

“Tan respetuosa ha sido la CCSS en aplicar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que la población trabajadora que consolidó el derecho de pensión, después del 5 de diciembre del año pasado, no se le ha pagado ni se les pagará 20 años de cesantía, sino que se está procediendo de acuerdo con el nuevo marco jurídico: 8 años”, defendió la CCSS en otro comunicado.