Conferencia episcopal solicita al presidente “un proceso de concertación hacia un pacto social”

Preocupa a esta institución religiosa que hay señales de conmoción ante la crisis económica por “la desesperación que produce el hambre, la quiebra económica y la incertidumbre”.

Después de mostrar su disposición favorable a la mediación en el actual conflicto por los bloqueos en diferentes partes del país de un grupo de personas lideradas por José Miguel Corrales y Célimo Guido, la Conferencia Episcopal hace un llamado al presidente Carlos Alvarado.

El llamado de la entidad católica es en la búsqueda de una concertación nacional que pueda alcanzar un pacto nacional que pueda ayudar al país a salir adelante en esta coyuntura de crisis a raíz de la pandemia por Covid-19 y sus consecuencias en la economía.

“Si en coyunturas menos graves nuestro pueblo supo encontrar el camino del entendimiento pacífico, hoy, más que nunca, urge no un mero diálogo, sino un proceso de concertación encaminado a un gran pacto social”, expresan los obispos José Manuel Garita y Francisco Blanco, en representación de la Conferencia Episcopal.

Quienes convocaron a los bloqueos, liderados por José Miguel Corrales, manifestaron estar dispuestos a la negociación, pero establecieron una serie de condiciones que prácticamente sellan la negociación a lo que ellos consideran debe hacer el Gobierno. Sin embargo, es claro que el mandato asignado democráticamente no corresponde a este grupo.

Según la Conferencia, en todos los sectores “encontrará el Gobierno de la República personas capaces, de buena voluntad y compromiso patriótico para convocarlas, de modo inmediato, al proceso de concertación”.

Preocupa a esta institución religiosa que hay señales de conmoción ante la crisis económica por “la desesperación que produce el hambre, la quiebra económica y la incertidumbre”.

El Poder Ejecutivo ha manifestado su anuencia a negociar, en reiterados comunicados de prensa, pero pone como condición el retiro de los bloqueos y dentro del marco de la legalidad y del Estado de derecho.

En Caldera hubo un intento de hacerlo, pero los dirigentes locales rechazaron esa posibilidad, lo que condujo a los antimotines a deshacer el bloqueo y habilitar el paso para la entrada y salida de mercancías a ese importante puerto costarricenses.

En Limón, mientras tanto, un grupo violento ha estado realizando bloqueos e incluso cobrando tarifas de peaje para permitir el paso a algunos vehículos. En varios videos amenazan con violencia hacia las autoridades si llegan a eliminar los bloqueos.

“El ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, informó de actos de vandalismo y la quema de un tráiler en Río Blanco de Limón. También, comunicó que en la Zona Norte y Sur los manifestantes están planeando atacar a Fuerza Pública con piedras y con bombas molotov”, informó esta mañana Casa Presidencial.

“La interrupción al tránsito genera graves consecuencias y afectaciones a la producción nacional, abastecimiento de alimentos a hospitales, CEN Cinai, la reactivación de la economía local y a pymes del sector turismo”, agrega el Gobierno.

El daño que se hace a las empresas redunda también en perjuicio de los trabajadores, quienes ven afectados sus ingresos o ven sus trabajo en riesgo.

“El daño no se lo hacen al Gobierno, sino a otras personas que son del pueblo”, defiende Jorge Duarte, usuario de Facebook quien rechaza esta forma de manifestarse. Su expresión es la de cientos de miles de personas que han venido manifestando, cada vez más, su molestia por este modo de operar que termina por convocar delincuentes que se aprovechan de las circunstancias para su propio beneficio, como se ha denunciado ampliamente en Limón.

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