Comisión legislativa envía informe sobre Bono Proteger a Fiscalía para determinar eventuales delitos
La Comisión de Ingreso y Gasto Público del Congreso enviará informe sobre Bono Proteger a Fiscalía para que sea esta institución la que determine si hay delitos en la administración de ese bono de ayuda social en época de pandemia.
De igual manera, algunos diputados recomendaron impulsar proyectos de ley, como el expediente 23.097 para proteger los datos de los ciudadanos, recomendado por el legislador Eli Feinzaig.
El Bono Proteger fue distribuido con el sistema Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), que contiene los datos de situación socio-económica -entre otras informaciones- de las personas que acuden al estado por ayudas sociales.
El SINIRUBE fue creado en la administración anterior con el propósito de unificar esa información y mantener un control centralizado sobre quiénes por mérito deben recibir o no los subsidios estatales. Recientemente el IMAS, durante esta administración, distribuyó usando el SINIRUBE una ayuda económica a personas en condiciones de pobreza extrema para afrontar la alta inflación que tiene el país.
Para Fabricio Alvarado de Nueva República, la creación del Bono Proteger fue una forma de jugar con la crisis que enfrentó el país, “a nadie le gusta recordar lo que sucedió en la pandemia y mucho menos recordar cómo se manejaron de manera irresponsable algunos temas, como este caso en particular”.
Sin embargo, la comisión no emitió acusaciones concretas sobre posibles delitos que se hayan cometido.
“Algunas de las recomendaciones e interpretaciones no se derivan del proceso de investigación seguido, eso a lo mejor puede ser un vicio formativo mío, más académico”, argumentó la diputada Sofía Guillén del Frente Amplio, quien votará el informe en contra.
Según parece, el susodicho informe no concuerda con lo investigado por la comisión, sino que surgió de intereses políticos. “Algunas recomendaciones no comprendo bien de dónde proceden, en particular me parece que el informe no logra demostrar la facilitación culposa de sustracciones”.
Coincidió con la primera recomendación de enviar el informe al Ministerio Público, para que sea esa entidad “quien investigue la posible comisión de varios delitos”.
Ada Acuña manifestó que el informe le dejó el vacío sobre ¢2.500 millones que habrían sido trasladados al Banco Popular, pero se desconoce para qué fue usado. “El informe no lo llega a plantear ni determinar ni aconseja alguna recomendación”, dijo.
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