Comisión anti PAC pide eliminar derecho a deuda política del PAC y destituir a Ottón Solís del BCIE

También hubo un informe de minoría de la diputada Catalina Montero, contrario a los respaldado por todos los diputados opositores.

La “Comisión investigadora sobre financiamiento de campañas políticas del PAC” presentó hoy su informe final sobre la conocida como estafa PAC en la campaña electoral de 2010, cuando fue candidato Ottón Solís Fallas.

Como era de esperar, esta comisión sin precedentes en la Asamblea Legislativa, también conocida como la “Comisión anti PAC”, rindió un informe con la intención de culpar al partido ampliamente por la estafa PAC que los tribunales juzgaron ordinariamente y en la que resultaron con penas Minor Sterling y Manuel Antonio Bolaños.

La comisión fue compuesta por Gustavo Viales del PLN, Ivonne Acuña sin partido (tránsfuga de Restauración y Nueva República), la liberacionista Frangie Nicolás, el independiente Dragos Dolanescu (antes Republicano Social Cristiano), Pedro Muñoz del PUSC y Geovanny Gómez de Restauración Nacional.

Los diputados fueron juez y parte en la investigación que buscó en todo momento extender la culpa de la estafa a otras campañas previas.

Informe de la comisión

“El voluntariado no puede llamarse como tal cuando media un pago”, expresó Gustavo Viales, presidente de la comisión en sus conclusiones. Por esa razón fundamental, que expresó el Tribunal de Juicio que llevó el caso en la vía judicial, Viales sostiene que se determina como una estafa.

Según Viales la movida consistió en darle contenido económico a los bonos B para poder pagar a los tenedores de bonos A, principalmente a medios de comunicación “y la familia de Ottón Solís”. Para Viales el propósito fue cuidar los fondos que esa familia puso en la campaña.

“A pesar de no contar con contenido económico los bonos B sí ayudó categóricamente a tener acceso y contenido económico a la serie A, y los tenedores de la serie A no solamente eran medios de comunicación, que dice el Procurador y consta en actas que la intención era no deberle a esos medios, pero particularmente los familiares de Ottón Solís”, comentó el secretario general del PLN.

Según Viales ya van 576 días en que el PAC no paga y debe más de ¢619 millones al estado producto de la estafa. Además, le debe a la CCSS más de ¢400 millones porque no pudo pagarlos con fondos de la deuda política porque así lo impidió el Tribunal Supremo de Elecciones.

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“Toda esta dinámica que se dio para extraer recursos al estado no pudo ser obra solamente de dos personas, Minor Sterling y Manuel Antonio Bolaños”, agregó Viales, quien además recordó que esta práctica se hacía desde el 2006, pero ese caso prescribió.

Entre sus conclusiones, Viales responsabiliza a Margarita Bolaños porque firmó los bonos respectivos.

El presidente de la comisión informó que solicitan que el PAC no pueda lograr el beneficio de la deuda política porque tiene una deuda con la CCSS y eso le estaría imposibilitando obtener el beneficio. El Departamento de Partidos Políticos del TSE debe encargarse de esa investigación y coordinar con la parte financiera del ente electoral para que así sea, según las recomendaciones del informe.

Por otra parte, el informe solicita al Consejo de Gobierno para destituir a Ottón Solís como representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Centroamericana (BCIE) y destituir a Margarita Bolaños como garante de la ética, en ambos casos por “no gozar con las condiciones morales ni éticas para ostentar ese cargo”.

“La ética del PAC no es ni ha sido nunca una convicción, solo ha sido una pose populista, irresponsable, que ha llevado a los costarricenses al engaño no solamente electoral, sino tributario, sino también de liquidación de los gastos de la campaña”, agregó el liberacionista en su informe.

Informe de minoría

La diputada Catalina Montero presentó un informe de minoría donde alega que no fueron comprobadas las sospechas que dieron pie a la creación de esa comisión, como el hecho de que la práctica realizada también se hubiera realizado en 2006.

“El delito estuvo en la utilización de dichos contratos como forma de estimular onerosidad de los servicios cuando en realidad se realizaron gratuitamente”, expresó Montero.

Según la legisladora nadie ha demostrado engaño, inducir a error o relación causal en el caso de las elecciones de 2006 y 2010.

Montero además defendió que Margarita Bolaños no tuvo participación de ningún tipo en el delito cometido, según la investigación de la Fiscalía y que fue expuesto en esa misma comisión ante pregunta de Viales, pero su declaración fue ignorada. Además no hubo intención delictiva ni dolo en las actuaciones de Bolaños, según la Fiscalía, defendió la congresista.

Para la congresista Montero en esa comisión no se demostró nada nuevo, sino que partieron de supuestos a partir de un reportaje descontextualizado del medio digital elmundocr.

Negó que en las otras elecciones de 2002 y 2006 no se cometió un delito similar, ni ha sido demostrado, como se supuso a partir del reportaje tergiversado.

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