Comercio al aire libre superó segundo debate en el Congreso

Los congresistas también criticaron la labor que deben hacer tanto negocios como las municipalidades para poder aprovechar lo estipulado en este proyecto.

Restaurante Aire Libre

Ovidio Vargas. El proyecto legislativo de Comercio al Aire Libre fue aprobado en segundo debate en la sesión mañanera de este lunes 17 de enero con 41 votos a favor, en el que los diputados resaltaron la admiración por lugares en sus visitas a otros países durante el debate.

A pesar del nombre, en el que se asumiría que se permite el comercio de ciertas actividades en las calles, aceras, parques y espacios urbanos; realmente lo que se plantea es que los establecimientos comerciales puedan ampliar su espacio de actividad económica.

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Mientras el comercio al aire libre en el caso de los vendedores ambulantes sigue siendo ilegal y corren para no ser sometidos violentamente ni se les quiten sus pertenencias; los establecimientos con sus respectivas patentes sí podrán hacerlo.

Los legisladores concuerdan y avalan esta propuesta con el fin de que Costa Rica pueda imitar a ciudades extranjeras para consumir de algún restaurante en una “acera bajo una sombrilla”.

El romanticismo de los diputados deja de lado los vendedores ambulantes o puestos improvisados quienes también existen y ocupan el paisaje urbano de grandes capitales y ciudades del mundo: puestos de tacos, carritos de Hot Dogs Food Trucks.

Críticas al proyecto

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Los congresistas también criticaron la labor que deben hacer tanto negocios como las municipalidades para poder aprovechar lo estipulado en este proyecto.

Walter Muñoz del PIN, manifestó que este proyecto beneficia de manera desigual afirmando Barrio Escalante es zona gastronómica “donde hay cierto privilegio comparado con otras regiones del país, donde pequeños comercios tendrán que invertir en un país donde el invierno es más largo que el verano”.

Por su parte José María Villalta indicó que poco se gana si las municipalidades no trabajan para asegurar que no se violente el derecho al libre tránsito y movilidad social, señalando que un gobierno local “deben preocuparse para que hayan aceras lo suficientemente anchas para desarrollar las actividades comerciales y la circulación de personas”.

En el proyecto se establece que se tiene que garantizar el libre transito y la accesibilidad, por lo que queda a cargo de las municipalidades el mejorar los espacios públicos y la amplitud de aceras.

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