Cívica para todos: ¡El Gobierno no organiza las elecciones!

Un descuido frecuente en la población costarricense: el considerar que el Gobierno puede aplicarse a todo lo que tenga que ver con el Estado.

En la transmisión del partido entre Saprissa y Santos de este miércoles el director de Teletica Deportes, Jorge Martínez, dijo que «El Gobierno tiene todo organizado para las elecciones este domingo», y por eso no habrá partidos del campeonato nacional de fútbol.

Aparte de las cualidades que le asisten en los deportes, Martínez cometió un descuido que es frecuente en la población, y que cala en la población costarricense: el considerar que el Gobierno puede aplicarse a todo lo que tenga que ver con el Estado.

Quien organiza las elecciones en Costa Rica se llama Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y es una entidad autónoma e independiente del Gobierno y de los demás poderes de la República.

Costa Rica tiene formalmente 3 poderes: Legislativo (Congreso), Judicial (todas las cortes que juzgan con base en la ley) y el Ejecutivo (el Gobierno). Además, está el que algunos denomina Poder Electoral, que es el TSE.

Frecuentemente escuchamos gente culpando «al Gobierno» de todo lo que implica al Estado, incluso de las decisiones judiciales, de las actuaciones de la Fiscalía y de la misma Sala Constitucional, todos organismos del Poder Judicial. Incluso hay quienes especulan que la decisiones del TSE corresponden al gobierno de turno.

Por otra parte, en la Asamblea Legislativa confluyen diputados que son representantes -en teoría- del pueblo, pero que pertenecen a los partidos políticos. Algunos de ellos son del partido que gobierna, pero no siempre la mayoría, como sucede ahora. Finalmente, las decisiones del Congreso son el resultado de diferentes fuerzas y no del Gobierno. El Plan Fiscal, por ejemplo, fue impulsado por el Gobierno, pero la decisión final correspondió a la Asamblea Legislativa, que por mayoría lo aprobó.

Además, existen controles cruzados que a veces implican varias instituciones que pertenecen a varios poderes. Por ejemplo, la Sala Constitucional ejerce también control para dictaminar si una nueva ley que está por aprobar el Congreso cumple con los principios que emanan de la Constitución Política, máxima ley de un país.

Otro caso es el de la Contraloría General de la República, una entidad que también es autónoma y aplica diversos controles para emitir criterios sobre cómo maneja el Poder Ejecutivo (el Gobierno) las finanzas y, en general, la administración del Estado. La Contraloría no pertenece a ningún poder en la realidad, pero de alguna manera se ubica en el Poder Ejecutivo.

Después está la Procuraduría General de la República, una entidad que se supone el abogado del Estado y aunque sus resoluciones no son vinculantes, deben ser consideradas por el Gobierno para no entrar en ilegalidad.

En algunas situaciones puede haber conflicto entre los poderes del Estado, como en el caso del Poder Judicial, cuya Corte Suprema de Justicia se ha impuesto con interpretaciones legales a la misma Asamblea Legislativa, al Gobierno y, recientemente, a la misma Contraloría General de la República.

Después están las instituciones autónomas, entre ellas los bancos nacionalizados que pertenecen al Estado (pero NO al Gobierno), las empresas estatales (ICE, INS, Recope, etc.), así como las universidades que tienen la autonomía universitaria, un tipo muy particular de independencia. Cada banco o empresa estatal tiene una junta directiva conformada por directores que provienen, dependiendo del banco, de varios orígenes, incluyendo al Gobierno del momento, pero no necesariamente en mayoría.

Después está la Defensoría de los Habitantes, una entidad también independiente y autónoma cuyo máximo jerarca es nombrado por el Congreso. Esta entidad vela por el buen funcionamiento de las instituciones del Estado en temas de derechos humanos principalmente, pero también defiende la legalidad estatal y combate cualquier abuso burocrático.

Las máximas autoridades de las instituciones independientes son los magistrados. Tanto los del TSE como los de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Constitucional son nombrados por la Asamblea Legislativa, entidad que también nombra por votación de mayoría simple al Contralor General de la República. El Procurador lo nombra el Gobierno y es ratificado por el Congreso.

El presupuesto de todas las instituciones del Estado lo administra el Poder Ejecutivo (Gobierno) mediante el Ministerio de Hacienda. La mayoría de ese presupuesto está estrictamente regulado por leyes y Hacienda no puede variarlo, excepto cuando la ley lo permite.

Los gerentes de los bancos, rectores de las universidades públicas, presidentes ejecutivos y otros jerarcas de las instituciones autónomas son nombrados usualmente por las juntas directivas o cuerpos colegiados de esas instituciones, según los reglamentos y leyes definidas para ello. En estos casos el Gobierno solamente puede decidir sobre esos nombramientos con la influencia que logren ejercer sus representantes en esas juntas. Por ejemplo, los gobiernos en ocasiones tienen que ejercer con jerarcas que no fueron nombrados durante su período.

Como se puede ver, el presidente de la República y el Gobierno NO pueden incidir directamente en las decisiones de una buena parte de esas entidades y en el caso de los Poderes de la República de ninguna manera. Por supuesto, no puede intervenir tampoco en el TSE, en las universidades públicas, en la Contraloría ni en la Defensoría.

El presidente y su equipo de Gobierno incide en todos los ministerios e instituciones que pertenecen directamente al Poder Ejecutivo, y depende de cada caso.

En consecuencia, el poder real de un Ejecutivo (Gobierno) es muy limitado, aunque se le define como el Gobierno y máximo organismo del Estado. De hecho, el Poder Legislativo es considerado el «Primer Poder de la República», por su poder de transformar las reglas de una sociedad.

Culpar a un gobierno de todo lo que pasa en el Estado es, en cualquier caso, absurdo y no tiene ningún sentido. Excepto, claro está, por aquellas políticas y decisiones que sí le conciernen y se atribuye según el Estado de Derecho que nos rige.

Si le parece interesante y útil, comparta con su gente. Es importante mejorar la educación política de nuestro país. Y cualquier comentario o aclaración también es bien recibido.

Agregar una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *