Chaves convocó ley para eliminar pensiones de lujo en 6 instituciones públicas

Chaves convocó ley para eliminar pensiones de lujo en 6 instituciones públicas
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Un proyecto de ley presentado en marzo de 2020 por la diputada liberacionista Yorleni León Marchena -hoy presidenta ejecutiva del IMAS- fue convocado por el presidente Chaves para este nuevo período legislativo.

Denominado “Ley para derogar los regímenes de pensiones complementarias especiales“, el proyecto ya obtuvo un dictamen de mayoría y otro de minoría en la Comisión de Asuntos Sociales del Congreso el 26 de abril pasado y fue remitido al directorio el 9 de mayo.

Es falso que este proyecto signifique derogar todas las pensiones de lujo, porque muchas de ellas dependen de otros regímenes especiales, como el del Poder Judicial. Las administraciones de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado derogaron o redujeron los pagos, mediante varios mecanismos, de varias de las pensiones de lujo con cargo al presupuesto nacional.

En resumen, este proyecto eliminará las pensiones abusivas para funcionarios de 6 instituciones públicas: el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica, el Instituto Costarricense de Electricidad, el Instituto Costarricense de Turismo, la Junta de Protección Social y la misma Caja Costarricense del Seguro Social.

El proyecto eliminará artículos de varias leyes y un reglamento para poder derogar esos beneficios que el promotor del proyecto considera como un cargo muy elevado al estado que los trabajadores no financian con sus aportes.

Se denuncia que las 5 instituciones utilizan dinero público para financiarle a sus funcionarios una tercera pensión complementaria, que equivale desde un 10% hasta un 25% más mensual aparte del salario para alimentar esos fondos. Cada institución tiene una historia particular que usted puede consultar en la presentación del proyecto (descárguelo aquí).

La liquidación de los fondos se realizará con base en una serie de reglas específicas que usted podrá consultar en el proyecto de ley que puede descargar aquí. Por ejemplo, las personas podrán retirar sus fondos acumulados o trasladarlos al fondo del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias y mantendrán sus derechos por 18 meses después de publicada la ley.

En defensa del proyecto

Según la defensa del proyecto, el sistema de pensiones complementarias perdió su naturaleza de ser un medio y se convirtió en un fin en sí mismo, porque en algunos casos esa pensión “complementaria” se convirtió en la principal.

Además, habla del riesgo de que estas pensiones no puedan pagarse si la institución pública encargada se quede sin solvencia económica.

“Es por ello que es responsabilidad del legislador racionalizar estos fondos de manera que pueda dársele sostenibilidad financiera y evitar los abusos con fondos públicos”, expone en sus considerandos el proyecto.

Además se hace notar que hay regímenes que están cubiertos en su totalidad por el presupuesto nacional, porque nunca se crearon los fondos para sostenerlos o porque responden a leyes creadas para cargos especiales.

¿Derechos adquiridos?

“Este proyecto establece dos elementos muy importantes para que la derogatoria de las normas respete los derechos adquiridos.  Asimismo, se prevé un mecanismo de liquidación de los fondos, de manera que se establece una contribución solidaria, para que se aporte al fondo y sea más fácil la liquidación de este”, expone el proyecto.

Según la justificación lo que se busca es capitalizar en un primer inicio el fondo, para que, con esos mismos ingresos, el fondo se termine liquidando a sí mismo.

“Finalmente, en aras de racionalizar el uso de los fondos públicos presentamos el presente proyecto de ley, para que sea tomado en consideración y aprobado por el Plenario legislativo”, se agrega.


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